La posibilidad de acceder a una jubilación digna vuelve al debate público en Bolivia. El monto que reciben los adultos mayores, el incremento del costo de vida y la capacidad de las rentas para cubrir necesidades básicas son algunos de los aspectos que impulsan la discusión sobre posibles cambios en el sistema de pensiones.
En una entrevista con el programa Al Día Tu Día, el diputado de Unidad, Rodrigo Fuenzalida, abordó el proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente para mejorar los ingresos de los jubilados y establecer mecanismos de actualización de sus rentas.
La iniciativa fue presentada en la Asamblea Legislativa junto con la diputada Cinthia Olguín y está dirigida a los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir). De acuerdo con información publicada por la Cámara de Diputados el 15 de octubre de 2026, el proyecto busca modificar la Ley N.º 065 de Pensiones para actualizar y revalorizar las rentas de este sector.
¿A quiénes beneficiaría la propuesta?
Según las declaraciones de Fuenzalida difundidas por la Cámara de Diputados, el proyecto está orientado a aproximadamente 69.000 asegurados del Senasir, cuya edad promedio sería de 82 años.
El legislador sostuvo que este grupo necesita una respuesta que permita mejorar sus condiciones económicas durante la vejez. La propuesta busca atender las demandas de los jubilados que reciben rentas del sistema de reparto y establecer mecanismos que permitan una actualización de esos ingresos.
Es importante precisar que esta iniciativa se enfoca en los beneficiarios del Senasir. Por tanto, sus posibles efectos no deben interpretarse automáticamente como un aumento para todas las personas jubiladas bajo los distintos regímenes del sistema de pensiones boliviano.
Inflación y costo de vida: el centro del debate
Uno de los principales desafíos para los jubilados es mantener su capacidad de compra frente al encarecimiento de los productos y servicios.
La alimentación, los medicamentos, la atención médica, los servicios básicos y la vivienda forman parte de los gastos que deben afrontar los adultos mayores. Cuando los ingresos no se actualizan al mismo ritmo que los precios, el dinero disponible puede perder capacidad para cubrir estas necesidades.
En marzo de 2026, Fuenzalida ya había presentado una propuesta de modificación de la Ley N.º 065 y de la Ley N.º 1582, con el objetivo de mejorar las rentas de jubilación actuales y futuras, diversificar las inversiones de los fondos administrados por la Gestora Pública y recuperar la institucionalidad de esta entidad.
En aquella oportunidad, el legislador planteó revisar los mecanismos de cálculo de las pensiones. Posteriormente, en octubre, la iniciativa presentada junto con Cinthia Olguín puso el foco en la actualización de las rentas de los jubilados del Senasir.
Estas propuestas forman parte del debate sobre cómo proteger el poder adquisitivo de los jubilados y garantizar que sus ingresos respondan mejor a sus necesidades.
¿Cómo se financiaría el incremento?
Otro de los puntos relevantes es el financiamiento de una eventual mejora de las rentas. Según la información difundida por la Cámara de Diputados, Fuenzalida señaló que la propuesta destinada a los jubilados del Senasir no representaría un incremento superior al 10% de los recursos del Tesoro General del Estado.
Esta estimación forma parte de los argumentos presentados por el legislador. El impacto económico definitivo dependerá del contenido del proyecto, de su evaluación técnica y de las decisiones que se adopten durante el tratamiento legislativo.
Para establecer una mejora sostenible, será necesario determinar cómo se calcularían los incrementos, qué recursos se utilizarían y de qué manera se garantizaría su aplicación en el tiempo.
¿Qué falta para que el proyecto entre en vigencia?
La presentación de un proyecto de ley no significa que sus disposiciones ya estén vigentes. La propuesta debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente y ser evaluada por las instancias competentes antes de convertirse en una norma aplicable.
Por ello, los posibles incrementos y los mecanismos de actualización planteados todavía deben distinguirse de los beneficios que efectivamente reciben los jubilados bajo la normativa actual.
El debate también requiere considerar la sostenibilidad financiera del sistema, la situación de los beneficiarios y la capacidad del Estado para cumplir los compromisos que se establezcan.
El desafío de garantizar una jubilación digna
La discusión sobre las pensiones va más allá de un incremento económico. También involucra la posibilidad de que las personas que trabajaron durante décadas puedan afrontar la vejez con estabilidad y cubrir sus necesidades esenciales.
La propuesta abordada por Rodrigo Fuenzalida en Al Día Tu Día vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de actualización de las rentas y de analizar alternativas que respondan a la realidad económica de los jubilados.
Mientras la iniciativa avanza por el procedimiento legislativo, uno de los principales desafíos será determinar si los cambios propuestos pueden traducirse en mejores ingresos para sus beneficiarios y en un sistema financieramente sostenible.
