La diputada de la bancada Libre, Sofía Rocha, planteó un anteproyecto de ley denominado Sistema de Verificación de Democracia Sindical (SVDS), con el objetivo de evitar que dirigentes de organizaciones sindicales sometan a sus bases mediante multas, sanciones u otras medidas por no participar en reuniones, movilizaciones o actividades convocadas por sus dirigencias.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos a dirigentes y directivas sindicales y busca establecer mecanismos que permitan verificar determinados estándares de representación sindical ante el Estado.
“Esta (propuesta de) ley no es en contra de los sindicatos, es en contra de la dictadura sindical. Es para que las bases puedan ver que realmente puede existir una representación real que pelee por los intereses que se tienen y no así por intereses políticos y personales. No así que (un dirigente) venda cada una de sus luchas”, afirmó Rocha a la Agencia de Noticias Fides.
La parlamentaria sostuvo que el sindicalismo está protegido por la Constitución Política del Estado, pero cuestionó que esta protección pueda ser utilizada por algunos dirigentes para ejercer presión sobre sus propias bases.
El anteproyecto plantea la creación del Sistema de Verificación de Democracia Sindical (SVDS) como un mecanismo técnico y colegiado encargado de verificar el cumplimiento de estándares que permitan avalar la representación institucional de las organizaciones ante el Estado.
De acuerdo con la propuesta, el mecanismo no tendría como objetivo intervenir en las actividades internas de los sindicatos, sino verificar aspectos relacionados con la representación y la participación de las bases.
El debate se produce además después de cuestionamientos registrados durante conflictos sociales, en los que algunos sectores denunciaron la imposición de multas u otras sanciones a personas que no participaron en movilizaciones.
La iniciativa de Rocha también abrió críticas desde sectores sindicales. La ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, Anahí Bozo, rechazó la propuesta al considerar que podría significar una intervención del Gobierno en las organizaciones sindicales.
“No conocen nada del tema sindical y educativo, quieren meter sus narices y sus manos en los sindicatos para tenerlos controlados”, cuestionó Bozo.
La discusión queda ahora centrada en los alcances del anteproyecto y en el equilibrio entre la autonomía sindical reconocida constitucionalmente y la necesidad de garantizar una representación democrática de las bases.
