Solo dos de las nueve gobernaciones de Bolivia cuentan con programas especializados para atender de manera directa a niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC), según el informe defensorial “Derechos a la Intemperie”, citado por la Agencia de Noticias Fides.
El documento establece que las gobernaciones de Cochabamba y Santa Cruz son las únicas que implementan programas específicos de prevención y abordaje para esta población, lo que representa el 22,2% del total de gobiernos departamentales.
En el resto de los departamentos, la respuesta institucional se limita a centros de acogimiento general, acciones aisladas o derivaciones.
El informe también identifica una ausencia generalizada de protocolos especializados. El 78% de las gobernaciones no cuenta con guías específicas para intervenir en casos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
Cochabamba aplica el protocolo nacional aprobado en 2016, mientras que Santa Cruz cuenta con uno elaborado en 2025 junto con organizaciones de la sociedad civil.
A las dificultades institucionales se suman restricciones presupuestarias. En Cochabamba, los recursos destinados al programa disminuyeron 24,9% entre 2023 y 2024. En Santa Cruz, la reducción alcanzó el 82,84% entre 2024 y 2025.
La situación también alcanza a los gobiernos municipales, que tienen responsabilidades en la ejecución de políticas de protección integral.
Según el informe, solo tres de los diez municipios más importantes del país Cochabamba, Tarija y Sucre mantienen programas o servicios relacionados con esta problemática. En el caso de Sucre, el servicio está orientado principalmente a prevenir el trabajo infantil.
El documento defensorial también registra casos de rechazo, estigmatización y barreras burocráticas en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Otra de las dificultades identificadas está relacionada con el seguimiento de los menores que retornan a sus hogares, debido a que en algunos casos persisten situaciones de violencia.
El informe además advierte que la alta rotación de funcionarios dificulta la continuidad de una atención especializada para niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
En conjunto, “Derechos a la Intemperie” advierte que la respuesta institucional presenta insuficiencias, desarticulación y omisiones que comprometen la protección integral de esta población.
Los datos del informe vuelven a poner bajo la lupa la capacidad de las instituciones departamentales y municipales para prevenir que niñas, niños y adolescentes permanezcan en situación de calle y garantizar una atención especializada.
