El presidente Rodrigo Paz descartó abrogar el Decreto Supremo 5676, pese a las solicitudes de diferentes sectores para dejar sin efecto la norma que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores.
El mandatario afirmó que el decreto puede ser mejorado, pero no revertido, y advirtió que dar marcha atrás afectaría los recursos disponibles para los gobiernos municipales y otras áreas del Estado.
El Gobierno reveló el vínculo con el FMI
La posición del Ejecutivo tomó mayor relevancia después de que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señalara que el DS 5676 forma parte de los condicionamientos planteados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de las negociaciones para un programa de financiamiento con Bolivia.
Aramayo explicó que la liberación del precio de los hidrocarburos responde a uno de los compromisos asumidos en ese proceso y cuestionó la sostenibilidad de que el Estado continúe financiando la diferencia entre el costo de importación y el precio interno del combustible.
Municipios y productores piden abrogarlo
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno dejar sin efecto el decreto. El planteamiento fue realizado durante una reunión con Paz, en la que los alcaldes cuestionaron el impacto de la medida en las finanzas municipales.
A la demanda municipal se sumaron sectores productivos. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dio plazo hasta este domingo para que el Gobierno abrogue la norma y advirtió que, de no hacerlo, acudirá al Comité pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad.
Paz anticipó meses complicados
El presidente reconoció que los próximos meses serán complicados por el incremento del precio de los combustibles y sostuvo que es necesario explicar la situación económica del país sin aplicar medidas que, según su criterio, solamente posterguen el problema.
El DS 5676 fue promulgado el 16 de agosto y establece un precio referencial para grandes consumidores y clientes directos, mientras mantiene los precios finales vigentes para otros consumidores.
Mientras el Gobierno defiende la vigencia de la norma, los reclamos de productores, municipios y otros sectores mantienen abierta la disputa por el precio del diésel y su impacto en la economía.
