El presidente Rodrigo Paz cumplió su primer año de gestión el 8 de noviembre de 2026, en medio de una compleja situación económica, desafíos institucionales y cuestionamientos políticos. A 365 días de haber asumido el poder junto a Edmand Lara, el balance sobre los resultados y las promesas electorales vuelve a instalarse en el debate nacional.
En entrevista con el programa Al Día Tu Día, el analista económico Jaime Dunn evaluó los aciertos y desaciertos de la administración gubernamental. Su diagnóstico fue contundente: «Cambió el gobierno, pero no cambió el sistema».
Para Dunn, el actual Ejecutivo recibió un país con problemas fiscales, inflación, escasez de dólares y dificultades en el abastecimiento de combustibles. Reconoció que Rodrigo Paz no originó esa crisis, pero consideró que llegó al poder con el compromiso de transformar las estructuras que la produjeron.
A su juicio, durante este primer año se registraron cambios administrativos, pero todavía no se concretaron las reformas institucionales y económicas de fondo que necesita Bolivia.
Los aspectos positivos: medidas para corregir la economía
En su evaluación, Dunn identificó algunos avances en materia económica. Entre ellos mencionó la flexibilización del tipo de cambio, la reducción de la subvención a los combustibles y el reconocimiento de la necesidad de aplicar disciplina fiscal.
El analista consideró que estas decisiones representan un primer paso para corregir los desequilibrios económicos que arrastra el país. Sin embargo, advirtió que estabilizar la economía no significa necesariamente recuperar el crecimiento.
«Hemos evitado el precipicio, pero ahora nos hemos puesto al pie de una montaña que significa las reformas», explicó durante la entrevista.
El contexto económico también muestra que el Gobierno adoptó medidas de ajuste y cambios en la política de combustibles. El Ministerio de Economía informó que el presupuesto reformulado redujo la proyección del déficit fiscal del 15,8% al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2027, el proyecto del Presupuesto General del Estado plantea una meta de reducción al 6,7%.
Estas cifras forman parte de los objetivos fiscales presentados por el Ejecutivo, aunque su cumplimiento dependerá de la ejecución presupuestaria y de las medidas que se adopten.
El principal cuestionamiento: la falta de reformas estructurales
Entre los aspectos negativos, Dunn señaló que el Estado todavía no habría cambiado su estructura de funcionamiento. Cuestionó que continúen las prácticas prebendales, clientelares y de distribución de privilegios que, según su análisis, limitarían la capacidad del Gobierno para transformar las instituciones.
También observó que el aparato estatal mantiene un elevado nivel de gasto, mientras que las familias y el sector privado enfrentan las consecuencias del ajuste económico.
«El ciudadano ya se ajustó el cinturón, y ahora le toca al Estado ajustar», sostuvo.
En su criterio, la reducción del gasto público debe acompañarse de una transformación institucional y no limitarse a medidas que afecten nuevamente a la población.
La crisis moral y la reforma de la justicia
Dunn consideró que uno de los problemas más profundos de Bolivia no es exclusivamente económico, sino también institucional y moral. Durante la entrevista hizo referencia a las denuncias de corrupción, los cuestionamientos a autoridades judiciales y la presunta penetración de estructuras criminales en instituciones públicas.
Para el analista, la justicia es un elemento fundamental para recuperar la confianza, garantizar seguridad jurídica y atraer inversiones nacionales e internacionales.
«La primera medida económica es una reforma de la justicia», manifestó.
Explicó que sin independencia judicial no existen condiciones suficientes para garantizar la seguridad jurídica que necesitan las empresas y los inversionistas. También cuestionó que el cambio de autoridades no necesariamente represente una transformación real del sistema.
¿Es necesaria una reforma de la Constitución?
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de modificar parcialmente la Constitución Política del Estado.
Dunn sostuvo que las reformas económicas que necesita Bolivia requieren cambios constitucionales y un proceso de consulta ciudadana mediante referéndum.
A su criterio, el actual marco constitucional presenta limitaciones para el desarrollo del sector privado, la inversión extranjera y la apertura comercial.
También señaló que Bolivia necesita inversiones de gran magnitud para reactivar sectores estratégicos como hidrocarburos y minería. Mencionó que se requieren montos de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares para impulsar proyectos de esa naturaleza.
Sin embargo, advirtió que la aprobación de una nueva ley de inversiones no sería suficiente si no existen garantías institucionales y seguridad jurídica.
Las promesas electorales y la pérdida de credibilidad
Uno de los momentos más críticos de la conversación estuvo relacionado con las promesas realizadas durante la campaña electoral.
Dunn consideró que el incumplimiento de compromisos puede afectar directamente la credibilidad presidencial y dificultar la implementación de reformas que requieren respaldo ciudadano.
Entre las promesas mencionadas durante la entrevista estuvieron el denominado 50/50, el compromiso de no recurrir a determinados préstamos y la propuesta de construir viviendas de dos pisos.
El analista cuestionó que algunos anuncios no se hayan traducido en resultados concretos durante el primer año y advirtió que la población puede sentirse decepcionada cuando las expectativas generadas durante la campaña no se cumplen.
«Un presidente sin credibilidad no puede hacer reformas», sostuvo.
Sobre este punto, una investigación publicada por El País el 8 de noviembre revisó 364 normas emitidas durante el primer año de Gobierno y las comparó con las 117 estrategias del programa electoral del PDC. Según ese análisis, 15 estrategias cuentan con una norma que las ejecuta, 34 registran avances parciales, dos fueron revertidas y 66 no tienen una norma asociada.
Este relevamiento permite dimensionar la distancia entre los compromisos del programa y su traducción normativa, aunque la existencia de una norma no equivale por sí sola a que una promesa haya producido resultados concretos.
Un equipo de Gobierno que necesita dar un golpe de timón
Durante la entrevista, Dunn también analizó el desempeño del equipo de Rodrigo Paz. Reconoció que existen profesionales con conocimiento técnico en sus respectivas áreas, pero diferenció la capacidad de administrar una crisis de la capacidad de impulsar reformas estructurales.
A su juicio, durante este primer año las políticas gubernamentales tuvieron un carácter principalmente preventivo y reactivo, sin una hoja de ruta suficientemente clara para transformar el Estado.
Por ello, planteó que el presidente debería realizar un cambio de rumbo, presentar un plan de reformas y evaluar la conformación de un equipo preparado para ejecutar transformaciones de fondo.
Edmand Lara y el papel de la Vicepresidencia
La relación entre Rodrigo Paz y Edmand Lara también formó parte del análisis. Dunn consideró que las diferencias entre ambos no pueden convertirse en un obstáculo para la gobernabilidad y la aprobación de reformas.
Aunque cuestionó el papel político que viene desempeñando el vicepresidente, sostuvo que el mandatario debe buscar mecanismos de coordinación y consenso con él, debido a su función constitucional como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
«No le estamos pidiendo al presidente que desayune, almuerce y cene todos los días con el vicepresidente, pero sí que se tengan que consensuar los cambios importantes que se tienen que hacer por Bolivia», expresó.
El analista también recordó que la Vicepresidencia tiene responsabilidades institucionales vinculadas a la coordinación con el Legislativo y la promulgación de leyes, y consideró que ese papel debe ejercerse en beneficio del país.
¿Qué viene para el segundo año de Gobierno?
El primer año de Rodrigo Paz deja avances iniciales en materia de estabilización económica, pero también desafíos importantes relacionados con el crecimiento, la inversión, la justicia, la institucionalidad y la credibilidad política.
El presidente informó el 8 de noviembre que entregó a la Asamblea Legislativa su informe escrito de gestión y anunció que, desde el lunes 9, los ministerios comenzarían a presentar públicamente sus resultados, uno por día.
En este escenario, la evaluación de Jaime Dunn plantea una interrogante que acompañará el inicio del segundo año de mandato: ¿el Gobierno logrará pasar de las medidas de emergencia a las reformas estructurales que prometió durante la campaña?
La respuesta dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo, el respaldo que consiga en la Asamblea Legislativa y los resultados concretos que perciba la población.
