El Presupuesto General del Estado reformulado fue aprobado en la Asamblea, aunque no estuvo libre de observaciones y cuestionamientos por parte de algunos legisladores.
La diputada Lissa Claros, del partido Libre, expresó su molestia por la aprobación del documento y afirmó que el presupuesto no contempla desde el inicio una distribución bajo el criterio del 50/50, uno de los puntos que, según señaló, fue observado durante el tratamiento.
Entre las principales críticas, la legisladora apuntó al incremento del gasto corriente, que habría subido en aproximadamente 7 mil millones de bolivianos. Según explicó, este tipo de gasto está principalmente relacionado con el pago de salarios y funcionamiento del aparato estatal.
Claros también cuestionó que no se haya avanzado en una reducción de ministerios y viceministerios, pese a que, según indicó, esta fue una de las solicitudes planteadas para disminuir el gasto público.
Otro de los puntos observados fue el manejo de bonos y recursos sin aprobación previa de la Asamblea. La diputada sostuvo que el Estado estaría recurriendo a nuevos préstamos, pero al mismo tiempo proyectando un gasto mayor al financiamiento que recibe.
Además, criticó que cerca del 24% del presupuesto continúe destinado a empresas públicas, incluyendo aquellas que, según afirmó, mantienen déficit. En ese contexto, denunció que algunas de estas entidades seguirían contratando personal afín, pese a sus problemas económicos.
La legisladora cerró sus observaciones señalando que le gustaría afirmar que el país saldrá adelante con este presupuesto, pero considera que, bajo las condiciones actuales, será difícil lograrlo.
