El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1765, que aprueba un empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones, mediante una facilidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), destinado a respaldar el programa de reformas económicas del Gobierno.
La norma establece que el financiamiento se ejecutará bajo las condiciones financieras previstas por el SAF y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a asumir las obligaciones derivadas de la operación.
Destino del financiamiento
El texto legal señala que los recursos estarán “destinados a respaldar el programa integral de reformas económicas” y precisa que la gestión técnica del financiamiento estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Asimismo, la ley faculta a esa cartera de Estado a formalizar, en representación del Estado boliviano, los actos necesarios para concretar la operación con el organismo internacional.
“El gobierno nacional ejecutará este empréstito con el FMI, dando pleno cumplimiento y aplicación al Parágrafo IV del Artículo 320 de la Constitución Política del Estado”, establece la norma.
Informe semestral a la Asamblea
La Ley 1765 también establece mecanismos de seguimiento a la ejecución del financiamiento. El Ministerio de Economía deberá remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional información sobre la ejecución del crédito cada seis meses.
La disposición señala que la cartera de Estado deberá “presentar informes” sobre la ejecución del financiamiento ante el Legislativo.
El financiamiento aprobado está expresado en 1.369.000.000 de Derechos Especiales de Giro (DEG), unidad de cuenta del FMI, equivalente a $us 1.900 millones.
