La Cámara de Diputados de Paraguay debate este jueves 5 de noviembre de 2026 la admisibilidad de un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank y las denuncias sobre el manejo de recursos del sistema previsional.
El planteamiento legislativo sostiene que el Gobierno habría permitido que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuviera depósitos en la entidad financiera por encima de los límites establecidos por la legislación paraguaya. La acusación está desarrollada en cinco capítulos que señalan presuntas responsabilidades políticas y administrativas de las autoridades nacionales.
El conflicto se originó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera someter a Ueno Bank a un procedimiento de resolución y administración especial, tras detectar deficiencias en su índice de solvencia. La medida provocó la inmovilización de los fondos depositados en la institución.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la exposición económica del IPS frente a la entidad intervenida. Según los datos consignados en el material de la acusación, el organismo previsional tenía aproximadamente 355 millones de dólares depositados en Ueno Bank, una suma equivalente al 9% de sus inversiones totales.
El pedido de juicio político también incluye cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses vinculados a Ueno Holding, grupo empresarial del que Peña formó parte antes de vender sus acciones en abril de 2025. Asimismo, los legisladores objetan la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central debido a sus antecedentes laborales en Financiera Ueno.
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores opositores y representantes de sectores disidentes del oficialismo. El documento habría reunido inicialmente 35 firmas, en un escenario que representa un desafío político para el mandatario dentro de su propia fuerza de gobierno.
Los pasos que establece la Constitución
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay. Para que el pedido avance, la Cámara de Diputados debe alcanzar una mayoría de dos tercios que permita aprobar la acusación y remitirla al Senado.
La Cámara Alta tendrá posteriormente la responsabilidad de actuar como tribunal de sentencia. Para concretar la destitución del presidente se requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes.
Mientras se desarrolla el debate parlamentario, organizaciones sociales, gremios de trabajadores y aportantes del IPS se concentran en las inmediaciones del Congreso, en Asunción, para manifestar su preocupación por la situación de los recursos previsionales.
Ante las movilizaciones, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo de control en los alrededores del recinto legislativo.
Desde el Gobierno, voceros del Palacio de López defendieron el funcionamiento de las instituciones y aseguraron que las actuaciones oficiales se desarrollaron dentro del marco legal. También rechazaron las presiones que, según señalaron, podrían afectar la estabilidad institucional del país.
Por su parte, legisladores vinculados al oficialismo sostienen que las operaciones financieras cuestionadas se realizaron conforme a las normas vigentes y plantean rechazar la admisibilidad del pedido.
La discusión en Diputados representa una instancia decisiva para determinar si las denuncias relacionadas con Ueno Bank y los fondos del IPS avanzan hacia un proceso de responsabilidad política contra las máximas autoridades del Ejecutivo paraguayo.
