Una nueva lista de ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa fue publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el jueves 22 de octubre. La nómina incluye a 15 personas, entre ellas los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, además del exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y funcionarios y exfuncionarios vinculados al sistema judicial, la Policía y otras instituciones estatales.
Según el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, la medida forma parte de la política estadounidense contra presuntas actividades de corrupción y narcotráfico que, de acuerdo con Washington, debilitan a los gobiernos democráticamente elegidos. Las restricciones también alcanzan a los familiares directos de las personas incluidas.
En la lista figuran, además, Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz; Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN.
Completan la nómina Fernando Ronald Velasco Soliz, Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, Katherine Calderón Valle, José Ayaviri Siles, Armando Rojas Toledo, Rony Suárez Milliet y Julio Nelson Alba Flores.
La nueva publicación se suma a las restricciones anunciadas el 28 de septiembre. Estados Unidos informó que su política alcanza a 40 personas en Bolivia, aunque el comunicado del 22 de octubre identifica expresamente a 15 nuevos ciudadanos.
Para conocer las repercusiones políticas de esta decisión, en Aquí en Vivo hablamos con las asambleístas Eliana Acosta, jefa de bancada de Alianza Unidad, y Lissa Claros, diputada y jefa de bancada de Alianza Libre. Ambas participaron en el análisis de la inclusión de legisladores bolivianos en la lista y de las implicaciones que estas medidas pueden tener en el ámbito político nacional.
La inclusión en una lista de restricciones migratorias constituye una decisión de Estados Unidos y no representa, por sí sola, una sentencia judicial ni demuestra responsabilidad penal.
