El Ministerio Público inició una nueva etapa con la posesión de nueve fiscales departamentales en un acto realizado este lunes en Sucre. La ceremonia fue encabezada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, quien anunció una reestructuración institucional durante los próximos 90 días.
Las nuevas autoridades asumirán funciones en los nueve departamentos del país, inicialmente en calidad interina. El objetivo es garantizar la continuidad del trabajo de las fiscalías mientras se avanza en la reorganización de la institución.
Los profesionales designados son:
- Chuquisaca: Williams Ariel Sandi Copa.
- La Paz: Gabriel Quiroga Vargas.
- Cochabamba: Dayene Eddy Ordóñez Tapia.
- Santa Cruz: Jimmy Fernando López Rojas.
- Potosí: Pablo Daniel Manrique Videla.
- Tarija: Aníbal Giovanni Cabezas Flores.
- Oruro: Franz Sulmer Villegas Chávez.
- Beni: Orlando Aramayo Chávez.
- Pando: Adriana Rodríguez Melena.
Durante el acto, Urioste señaló que los cambios deben traducirse en resultados concretos para la población y no quedarse únicamente en anuncios. Entre las prioridades mencionadas están la transparencia, el acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción.
El fiscal general interino también anunció la elaboración de un reglamento y una convocatoria para seleccionar a los futuros fiscales departamentales conforme a la normativa vigente. Según explicó, los procesos de designación deberán considerar los méritos, la experiencia y las competencias de los postulantes.
Otro de los aspectos planteados fue la necesidad de garantizar que las decisiones fiscales se adopten sin influencias económicas, políticas o personales. Urioste afirmó que no debe existir encubrimiento ni trato privilegiado y sostuvo que la reorganización debe comenzar dentro de la propia institución.
Asimismo, pidió coordinación con el Ejecutivo, el Legislativo, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana para enfrentar los problemas que atraviesa la Fiscalía, aunque aclaró que el trabajo conjunto no debe convertirse en una forma de interferencia en las decisiones fiscales.
La gestión transitoria tendrá como uno de sus principales desafíos recuperar la confianza ciudadana mediante procedimientos transparentes y una actuación ajustada a la ley.
