Una investigación por presuntas comunicaciones telefónicas irregulares desde el penal de Cantumarca, en Potosí, involucra al exfiscal general del Estado Roger Mariaca y a cinco funcionarios policiales. Las pesquisas comenzaron después de que un informe de Inteligencia alertara sobre llamadas que presuntamente se realizaban desde el sector donde se encontraba recluido.
De acuerdo con información difundida por autoridades policiales y del Ministerio Público, una primera requisa en la celda de Mariaca no permitió encontrar un teléfono celular. Sin embargo, las investigaciones se extendieron al personal que tenía acceso al privado de libertad y apuntaron a la presunta facilitación de dispositivos móviles.
Dos policías con detención preventiva
En la audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial determinó cuatro meses de detención preventiva para dos de los cinco funcionarios investigados. Ambos fueron trasladados al penal de Uyuni, mientras que los otros tres recibieron detención domiciliaria, arraigo y otras restricciones.
Los cinco son investigados por el presunto delito de uso indebido de influencias. Estas medidas cautelares no constituyen una declaración de culpabilidad; la responsabilidad de cada involucrado deberá establecerse durante el proceso judicial.
La Fiscalía busca identificar las llamadas
El Ministerio Público solicitó información a las empresas de telecomunicaciones Entel, Tigo y Viva para identificar los números contactados y reconstruir el alcance de las comunicaciones atribuidas a Mariaca.
Las autoridades buscan establecer con quiénes se habría comunicado, desde cuándo ocurrieron las llamadas y si tuvieron alguna relación con los procesos judiciales que enfrenta el exfiscal. También se indaga si existieron beneficios o dádivas para facilitar el acceso a los teléfonos, una hipótesis que todavía debe ser verificada.
Cambian el sistema de custodia
Después de detectarse las presuntas irregularidades, la Policía anunció modificaciones en la vigilancia de Mariaca en Cantumarca. Los efectivos encargados de su custodia pasarían a ser relevados cada 24 horas, en lugar de permanecer durante una semana en la misma función.
La medida busca reforzar los controles dentro del recinto penitenciario mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades también deben determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad y si participaron otros funcionarios.
¿Qué falta esclarecer?
La investigación todavía debe establecer el contenido y el propósito de las comunicaciones, identificar a todos los posibles interlocutores y determinar si hubo algún intento de interferir en los procesos judiciales o de preparar una eventual fuga.
Por el momento, estas posibilidades forman parte de las líneas investigativas y no deben presentarse como hechos probados. El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y las responsabilidades individuales deberán determinarse conforme al procedimiento legal.
