Una nueva revelación de la investigación especial de nuestro equipo de Al Día Investiga apunta a que, durante la gestión del entonces fiscal general Roger Mariaca, los fiscales eran controlados mediante un sistema de GPS instalado en sus teléfonos celulares las 24 horas del día.
Según testimonios de funcionarios que solicitaron reserva de identidad, el dispositivo permitía monitorear la ubicación de cada fiscal en todo momento. Cualquier desplazamiento fuera de la oficina debía ser justificado; de lo contrario, se aplicaban descuentos salariales.
“Si iba a la Fiscalía, al Palacio, o sea, todo era monitoreado. Y si no, en ese ratito el ingeniero, el encargado de administración, Carlos José Ruiz, y o la jefa de Recursos Humanos… nos llamaba y decía: ‘¿Dónde están? ¿Por qué no están? Descuento’”.
Uno de los testimonios indica que incluso las salidas al baño quedaban registradas y que el monitoreo se extendía más allá de la jornada laboral de ocho horas.
“Eso sería ilegal”
El funcionario que habló con el equipo de Al Día calificó el control como una vulneración al derecho a la libre locomoción.
“Eso sería ilegal… Que a usted le pongan en su teléfono un GPS… y que ese GPS va a seguir funcionando así usted ya no esté cumpliendo las 8 horas de su trabajo. ¿Usted cree que es correcto eso? No se olvide de que todas las personas tenemos el derecho a la libre locomoción”.
Relató situaciones en las que un fiscal se desplazaba al Palacio de Justicia para una audiencia y, al no aparecer el GPS en la oficina, personal de Recursos Humanos acudía a sacar fotografías del escritorio vacío. Luego se exigía justificación bajo amenaza de descuento.
“Venía Recursos Humanos a sacar foto de que no estaba… ‘Pero si me fui al Palacio, estaba en audiencia’… ‘Ah, no sé, le justificará. Si no, descuento’. ¡Pum!, descuento. Por todo y nada, descuento”.
