Una investigación especial de nuestro equipo de Al Día Investiga recoge testimonios de funcionarios de la Fiscalía que, bajo reserva de identidad, denuncian la existencia de cobros extorsivos sistemáticos dentro del Ministerio Público durante la gestión del fiscal general Roger Mariaca.
Según los relatos, fiscales de alto rango exigían pagos a fiscales de menor jerarquía para acceder a unidades especializadas, mantenerse en ellas o evitar sanciones disciplinarias. Montos y unidades involucradas
Uno de los testimonios más contundentes señala que para ingresar a la Fiscalía de Sustancias Controladas se pedían 50.000 dólares, más una “renta” mensual de entre 8.000 y 10.000 dólares.
“50.000 me dijeron que estaban cobrando, 50.000 para ir a Sustancias Controladas, y mensualmente tenían que poner 8.000, 10.000 dólares mensuales tenían que dar… Exacto, como una renta”.
Para trabajar en la Unidad Anticorrupción o en la de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), cuyos despachos se encuentran en el edificio del Ministerio Público de Santa Cruz (pasillo Beni), los montos oscilaban entre 7.000 y 10.000 dólares.
También se cobraba alrededor de 10.000 dólares para acceder a las unidades patrimoniales de los módulos policiales y de la central.
