Tras la declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional, anunciada por el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno comenzó a difundir información para explicar el alcance de la medida y despejar dudas de la población.
La decisión fue asumida después de más de 50 días de bloqueos y conflictos que, según el Ejecutivo, afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de perjudicar el desarrollo normal de actividades económicas, educativas y de salud en distintas regiones del país.
De acuerdo con la información oficial, el estado de excepción no implica restricciones generalizadas para la ciudadanía. El Gobierno sostiene que la medida está dirigida principalmente a impedir los bloqueos de carreteras y vías de circulación, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y restablecer la normalidad.
Entre los aspectos más destacados se encuentra que no habrá cierre de negocios, mercados o actividades comerciales. Asimismo, se aclaró que no se implementará una ley seca a nivel nacional ni un toque de queda. Estas restricciones solo podrían aplicarse de manera temporal y focalizada en lugares donde existan hechos de violencia o situaciones de riesgo.
Las autoridades también informaron que los bancos, agencias financieras y cajeros automáticos continuarán operando con normalidad, salvo en sectores específicos donde exista peligro para las personas o para el transporte de valores.
Uno de los puntos que el Ejecutivo remarca es que los derechos fundamentales permanecen vigentes. El derecho a la información, las garantías constitucionales y el debido proceso continuarán aplicándose durante la vigencia del estado de excepción.
La medida también contempla el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Boliviana para liberar carreteras bloqueadas, restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, el Gobierno aclaró que los militares no reemplazarán las funciones policiales.
Además, quedan prohibidos los bloqueos de calles, avenidas, caminos y carreteras, así como el porte de armas, explosivos, miguelitos, sustancias inflamables y combustible en envases no autorizados durante movilizaciones.
Según Presidencia, el objetivo principal es asegurar que la población pueda acceder sin restricciones a alimentos, combustible, medicamentos, servicios de salud, educación y fuentes de trabajo.
La administración de Rodrigo Paz señaló que el estado de excepción podrá extenderse hasta por 90 días, aunque podría levantarse antes si cesan los bloqueos, los hechos de violencia y las amenazas que afectan la normal circulación y el abastecimiento en el país.
De esta manera, el Gobierno sostiene que la restricción recae sobre los bloqueos y las acciones que impidan la libre circulación, y no sobre las actividades cotidianas de la ciudadanía.
