El panorama judicial internacional registra un avance significativo en torno a uno de los casos de narcotráfico más complejos de Sudamérica. Red Bolivisión tuvo acceso exclusivo al documento oficial de la segunda acusación formal dictada por la justicia de los Estados Unidos en contra del ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera. El expediente, radicado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, División de Alexandria, bajo el caso número 1:23-CR-143, revela detalles minuciosos sobre la estructura, los mecanismos de blanqueo de capitales y el rol estratégico que jugaron diversos países de la región, incluido el Estado Plurinacional de Bolivia, en las operaciones del denominado Primer Cartel Uruguayo.
El documento legal, emitido formalmente el 25 de junio de 2026, consta de 18 páginas detalladas donde se enumeran cuatro cargos criminales de extrema gravedad, órdenes de confiscación de activos digitales y una cronología completa de actos de violencia que exponen el alcance transnacional de la organización liderada por Marset Cabrera.
El origen del documento y los alias de la organización
La denominada segunda acusación sustitutiva (Second Superseding Indictment) identifica formalmente a Sebastián Enrique Marset Cabrera como el líder absoluto de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. De acuerdo con el informe de la Fiscalía estadounidense, Marset operaba bajo múltiples identidades falsas para evadir los controles migratorios y policiales en América del Sur y Europa. Entre los alias explícitamente registrados en el expediente penal se encuentran Luis Paulo Amorim Santos, Gabriel De Souza Beumer, Sebastian Enrique Marset Cabrera de Padua y el seudónimo Dor.
La investigación criminal establece que la organización criminal era conocida internamente y en el ámbito delictivo como el Primer Cartel Uruguayo o por sus siglas PCU. Bajo este rótulo, Marset Cabrera coordinaba el movimiento de toneladas de clorhidrato de cocaína por un valor de millones de dólares americanos desde las zonas de producción en Sudamérica hacia mercados de alta demanda en el extranjero, con especial énfasis en el continente europeo.
El rol de Bolivia en la cadena de suministro y financiamiento
El texto judicial obtenido de forma exclusiva desglosa de manera pormenorizada cómo se articulaba la cadena de suministro de estupefacientes a nivel global. Las autoridades judiciales norteamericanas señalan explícitamente que el Primer Cartel Uruguayo obtenía la sustancia ilícita desde los principales países productores de la región andina.
El cartel se abastecía de cocaína proveniente de laboratorios ubicados en Perú, Colombia y Bolivia.
La mercancía era trasladada desde los puntos de origen hacia puertos estratégicos de exportación marítima, situados principalmente en Brasil, Paraguay y Uruguay.
El método habitual de transporte consistía en el ocultamiento de la droga en contenedores de carga legal para su posterior envío a Europa Occidental, detectándose destinos clave como Portugal, España, Países Bajos y Bélgica.
Ciertos cargamentos enviados por la red criminal llegaron a superar las diez toneladas de cocaína por viaje.
Además de figurar como un territorio clave para la adquisición de la materia prima, el documento vincula directamente a Bolivia con la logística financiera de la organización. Según el apartado de alegaciones generales, los principales lavadores de dinero de la red criminal se encargaban de internar físicamente ingentes cantidades de dinero en efectivo en territorio sudamericano. El informe técnico detalla que los colaboradores financieros entregaban divisas en efectivo, específicamente en dólares americanos, a la organización de Marset en Paraguay, Bolivia o Perú. Estos fondos líquidos eran utilizados de forma inmediata por el líder del cartel para la compra de nuevos cargamentos de cocaína y el financiamiento operativo de sus actividades delictivas.
Los cuatro cargos criminales ante la justicia estadounidense
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia estructuró la acusación formal en cuatro cargos principales que abarcan un periodo de actividad delictiva continuo desde el año 2018 hasta marzo de 2026.
Cargo 1: Conspiración para el narcoterrorismo
Se acusa a Marset Cabrera de haber combinado, conspirado y acordado de manera deliberada con terceras personas el comercio internacional de cinco kilogramos o más de mezclas que contenían cocaína. La particularidad de este cargo radica en la demostración de que el acusado proveyó, de forma directa e indirecta, bienes de valor pecuniario a una organización que incurre en actividades terroristas, identificando al propio Primer Cartel Uruguayo como una entidad que empleaba la violencia extrema y el terror para consolidar su hegemonía y control territorial en múltiples jurisdicciones, entre ellas Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, España y Uruguay.
Cargo 2: Conspiración para poseer cocaína a bordo de una embarcación sin nacionalidad
Este cargo se sustenta en un operativo marítimo ejecutado a mediados de 2024. El documento detalla que en junio de ese año, Marset conspiró con facciones del grupo civil armado colombiano Clan del Golfo para transportar aproximadamente 1.700 kilogramos de cocaína mediante el uso de una lancha rápida (go-fast vessel) desde las costas de Colombia hacia Costa Rica. El 16 de junio de 2024, las autoridades marítimas de Colombia interceptaron la embarcación en aguas del Mar Caribe. Tras una persecución en la que los tripulantes arrojaron el cargamento al mar, se recuperaron 1.653 kilogramos de cocaína. La nave carecía de bandera, nombre o registro de matriculación oficial, tipificándose como un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Cargo 3: Conspiración para el lavado de dinero
La acusación formal determina que entre 2018 y 2023, la red criminal diseñó y ejecutó transacciones financieras complejas orientadas a ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad y el control de las ganancias derivadas del tráfico de drogas. Las operaciones de blanqueo involucraron transferencias internacionales que afectaron directamente al comercio exterior de Estados Unidos, utilizando bancos corresponsales norteamericanos para canalizar los fondos hacia cuentas bancarias de la organización en Sudamérica y Asia.
Cargo 4: Lavado de dinero sustancial
Este cargo individualiza una transacción financiera específica realizada el 18 de febrero de 2021. Bajo las instrucciones de la cúpula de la organización, se efectuó una transferencia electrónica de 31.716,99 dólares americanos desde la entidad bancaria Novo Banco S.A. en Portugal hacia una cuenta perteneciente a una empresa de transporte de carga y logística con sede en la República Popular de China, operada a través del banco HSBC. La operación financiera fue procesada a través de los servidores del banco Bank of America en Richmond, Virginia, configurando la base jurisdiccional de la corte estadounidense.
La estructura financiera, el método de tokens y testaferros
La investigación judicial revela la identidad de los operadores financieros clave que colaboraban directamente con Sebastián Marset Cabrera. Entre los nombres más relevantes destaca Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido bajo los alias de Capitain o Captain, un lavador de dinero radicado en Paraguay. Asimismo, el documento hace referencia a dos co-conspiradores no acusados formalmente en este pliego, identificados técnicamente como UCC-1 (de nacionalidad colombiana) y UCC-2 (radicado en Paraguay).
El método para la recolección de los fondos provenientes de Europa incluía un sistema estricto de seguridad basado en tokens. Cuando los emisarios de la organización cobraban los fondos en efectivo en las vías públicas europeas, utilizaban como recibo y mecanismo de verificación digital el número de serie de billetes específicos de baja denominación. El expediente incluye como evidencia digital la fotografía de un billete de 5 euros con el número de serie MA2347034564, enviado a través de aplicaciones de mensajería para confirmar la recepción exitosa de un millón de euros el 25 de enero de 2021.
El dinero limpio era posteriormente introducido en el sistema bancario mediante técnicas de lavado basadas en el comercio exterior (trade-based money laundering), empleando facturas comerciales falsificadas y registrando empresas fantasmas en rubros industriales totalmente ajenos al narcotráfico. Además del uso de la banca formal, el cartel incorporó de forma sistemática activos digitales, utilizando la criptomoneda estable conocida como USDT para dispersar los fondos a nivel global.
Antecedentes de violencia y amenazas directas a la DEA
La Fiscalía de Estados Unidos argumenta que el Primer Cartel Uruguayo no operaba simplemente como una empresa criminal con fines de lucro, sino que aplicaba tácticas de fuerza terrorista para amedrentar a las instituciones estatales y asegurar la impunidad de su líder. El expediente formal detalla una serie de acontecimientos violentos perpetrados directamente por orden de Marset Cabrera:
El 9 de mayo de 2020, Marset ordenó la detonación de una granada defensiva en el estacionamiento de la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional de Uruguay, en la ciudad de Montevideo.
El 10 de mayo de 2020, coordinó el envío de mensajes de texto con amenazas explícitas de muerte dirigidas a una fiscal de sustancias controladas en Uruguay, exigiéndole detener las indagaciones sobre las siglas PCU.
En septiembre de 2020, Sebastián Marset Cabrera asesinó personalmente de un disparo a uno de sus socios financieros tras sospechar que este planeaba una traición en su contra.
El 12 de septiembre de 2021, organizó el homicidio planeado de un colaborador de la estructura en Asunción, Paraguay, bajo la sospecha de que actuaba como informante de las agencias de inteligencia.
El 26 de marzo de 2025, un agente especial de la Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) se comunicó directamente con Marset Cabrera para instarlo a entregarse formalmente a la justicia; el ciudadano uruguayo respondió emitiendo amenazas de muerte directas en contra del oficial federal.
Mientras algunos medios de comunicación reportan datos variables sobre el estado de las cuentas de la organización, la resolución judicial de la corte de Virginia determina el decomiso preventivo y definitivo de tres billeteras virtuales de criptomonedas vinculadas a la estructura de Marset, las cuales contienen sumas exactas de 1.499,980.65 USDT, 1.038,412.48 USDT y 1.470,464 USDT, acumulando un valor millonario bajo custodia federal. El proceso penal sigue su curso en los tribunales estadounidenses, consolidando un expediente que expone la profunda penetración de la logística del narcotráfico en el Cono Sur.
