El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves un decreto que autoriza el despliegue de militares extranjeros en el país para colaborar en operaciones contra las bandas criminales, otorgándoles inmunidad en el marco del “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado.
“A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, señaló Noboa en un vídeo difundido por la Presidencia.
El mandatario aseguró que esta medida es “fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono”, y anticipó que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo”.
Hasta ahora, Ecuador recibía apoyo principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea en materia de inteligencia y cooperación en seguridad, pero sin presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano.
Inmunidad y facultades presidenciales
El decreto establece que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos” por Ecuador. Además, faculta al presidente a conceder indultos, rebajas o conmutación de penas a favor del personal militar, policial y civiles que participen en acciones contra el conflicto armado interno. Noboa también exhortó a la Asamblea Nacional a conceder amnistías para quienes actúen en defensa del Estado.
Estado de excepción y críticas
Noboa ha decretado varios estados de excepción desde que declaró el “conflicto armado interno”. El más reciente, activado esta semana, tiene una duración de 60 días y rige en diez provincias y tres municipios. Organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de esta política. Según Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana registra al menos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023, año en que Noboa asumió el mandato.
