Una denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público contra la primera dama, María Elena Urquidi, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por la presunta comisión de tres delitos: nombramientos ilegales, tráfico de influencias y beneficios en razón del cargo.
La acción fue interpuesta por el abogado Guido Calcina, quien señala que la denuncia está respaldada por audios atribuidos a conversaciones con el exasesor presidencial Fernando Cerimedo.
Según el denunciante, en las grabaciones se abordarían presuntas gestiones relacionadas con designaciones en empresas estratégicas del Estado, decisiones gubernamentales y otros cargos de importancia.
Calcina sostuvo que el material fue sometido a verificaciones para descartar una posible manipulación mediante inteligencia artificial. Además, solicitó que los audios sean sometidos a pericias técnicas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
“Solicitamos que el material sea sometido a pericias del IDIF”, es el pedido planteado por el denunciante.
La denuncia deberá ser evaluada por el Ministerio Público, instancia que tendrá que determinar la pertinencia de las investigaciones, verificar la autenticidad de las grabaciones y establecer si existen elementos que respalden los hechos denunciados.
Es importante aclarar que la presentación de una denuncia no significa que las personas mencionadas sean responsables de los delitos señalados. Corresponde a las autoridades investigar y establecer posibles responsabilidades conforme a la ley.
¿Qué contienen los audios? ¿Qué elementos serán analizados por la Fiscalía? El caso abre interrogantes sobre las presuntas gestiones denunciadas y los procedimientos para esclarecerlas.
Conoce más detalles en el informe de Al Día Tu Día, por Bolivisión.
