El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la semana pasada un plan de liberación “condicional” o “anticipada” que podría alcanzar hasta el 50 % de unos 10.000 casos de detenidos que el Gobierno identifica como colaboradores “casuales” o “ocasionales” de pandillas, es decir, personas que no formaron parte de la estructura criminal.
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Sistema Judicial se han pronunciado oficialmente sobre cómo se ejecutará la medida, y el mandatario no brindó detalles concretos.
Preocupación de las organizaciones
Este miércoles, grupos humanitarios calificaron la medida de “discrecional” y advirtieron que podría empujar a inocentes a inculparse para salir de prisión.
“Los inocentes no tienen que ser condicionados, no tienen que entrar en un proceso abreviado, no tienen que confesar ningún delito (…) ni siquiera son colaboradores”, señaló Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.
Liliana Urias, portavoz del Movimiento Madres por la Libertad, cuyo esposo e hijo fueron detenidos en 2022, afirmó que sus familiares “nunca colaboraron con alguna pandilla” y pidió que sus procesos terminen reconociendo su inocencia, no con una salida condicionada.
Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, sostuvo que el plan busca “silenciar” y “doblegar” a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que si se declaran culpables, sus casos no podrían ser presentados ante instancias internacionales.
Críticas a la medida
Organizaciones como Socorro Jurídico estiman que alrededor de una tercera parte de los 93.000 detenidos en más de cuatro años del régimen de excepción podrían ser inocentes. Además, según datos de la fiscalía, casi el 90 % de los capturados bajo esta figura aún no han sido procesados ante los tribunales y llevan años incomunicados.
Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, cuestionó que el Gobierno “no tiene facultades para liberar a nadie” y acusó a Bukele de invadir competencias que no le corresponden.
Los grupos también exigieron que el Estado indemnice a los detenidos arbitrariamente y brinde explicaciones sobre las más de 500 muertes registradas bajo custodia estatal.
La política de “guerra” antipandillas de Bukele redujo los homicidios a mínimos históricos y cuenta con amplio apoyo popular en El Salvador, pero organizaciones de derechos humanos continúan denunciando detenciones arbitrarias y abusos.
