El dirigente Vicente Salazar fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro por el lapso de seis meses, mientras avanzan las investigaciones en su contra por su presunta participación en los 53 días de bloqueos registrados en el país.
La decisión judicial se da luego de su aprehensión, hecho que provocó reacciones en distintos sectores sociales y políticos. Salazar es investigado por las medidas de presión que ocasionaron perjuicios en carreteras, abastecimiento, transporte y actividades económicas durante varias semanas.
Desde el Gobierno señalaron que el proceso se desarrolló conforme a norma y advirtieron que no se permitirán nuevos bloqueos como medida de presión. Sin embargo, sectores afines al dirigente cuestionaron la aprehensión y denunciaron una presunta persecución.
El caso vuelve a instalar el debate sobre los límites de la protesta social, la responsabilidad por los daños ocasionados durante los bloqueos y el rol de la justicia frente a hechos que afectaron a la población.
Mientras tanto, Salazar permanecerá en Chonchocoro durante el tiempo establecido por la autoridad judicial, a la espera de que continúe el proceso investigativo y se definan los siguientes pasos legales.
