El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749, una norma que busca combatir los cobros ilegales y presuntos actos de corrupción en instituciones judiciales y policiales, mediante un procedimiento para recibir y canalizar denuncias administrativas contra servidores y exfuncionarios públicos.
La disposición establece mecanismos para reportar hechos relacionados con extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o exigencia de dádivas patrimoniales durante actuaciones judiciales o administrativas.
¿A quiénes alcanza el decreto?
La normativa incluye a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Policía Boliviana. Según el artículo 2, se podrán denunciar exigencias o recepciones indebidas de dinero, favores o beneficios destinados a manipular, acelerar, retrasar o desviar procesos.
¿Dónde se podrán presentar las denuncias?
El Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, será responsable de recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias. Los ciudadanos podrán presentar sus denuncias por escrito en la oficina central de esta entidad o en sus enlaces departamentales.
La norma aclara que este procedimiento administrativo no interferirá en la actividad jurisdiccional, no suspenderá los plazos legales ni modificará las competencias de otras instituciones. Denunciantes podrán solicitar reserva de identidad El artículo 5 contempla la reserva de identidad del denunciante, ya sea a solicitud de la persona afectada o por decisión de oficio.
Esta protección se mantendrá durante el procedimiento administrativo. Si el caso pasa al ámbito penal, se solicitará que el resguardo de la identidad de denunciantes y testigos continúe conforme a la ley. La norma se aprueba tras el caso Mariaca
La aprobación del decreto se produce después de la detención y encarcelamiento del exfiscal general Róger Mariaca, investigado por su presunta participación en una red criminal vinculada a la protección del narcotráfico.
En ese caso, las autoridades reportaron el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo y múltiples bienes. Sin embargo, la aprobación del Decreto Supremo 5749 establece un mecanismo general para tramitar denuncias administrativas y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad en procesos específicos.
