El conflicto por el Decreto Supremo 5676, que modifica las condiciones de comercialización del diésel, vuelve a generar tensión en Santa Cruz. Sectores movilizados otorgaron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar la norma, mientras se mantiene suspendido el bloqueo de carreteras.
En Aquí en Vivo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santisteban, explicó el escenario que se abrió tras las movilizaciones y la decisión de los sectores de suspender temporalmente las medidas de presión.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al incremento del precio del diésel para determinados consumidores y a los efectos que esta medida puede generar en diferentes sectores productivos y de transporte.
Durante la entrevista también se analizó la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía durante las movilizaciones y el escenario que podría generarse si se incumplen las disposiciones establecidas durante el estado de excepción.
Santisteban advirtió sobre las consecuencias económicas y políticas que puede tener un bloqueo de carreteras, tomando en cuenta que estas medidas afectan el traslado de personas, productos y mercancías.
“Un bloqueo tiene un alto costo económico y político”, señaló al referirse a las consecuencias que puede generar una nueva paralización de las carreteras.
El abogado penalista Luis Salamanca explicó, por su parte, qué podría ocurrir si las medidas de presión se reactivan durante la vigencia del estado de excepción.
El jurista señaló que quienes participen en determinadas acciones durante un bloqueo podrían enfrentar responsabilidades penales, dependiendo de las circunstancias y de las conductas que se registren.
“Los bloqueadores incurren en delitos pasibles a una responsabilidad penal”, explicó Salamanca, quien mencionó entre las figuras que podrían ser consideradas la sedición y otros delitos, según corresponda a cada caso.
El abogado también consideró posible que los bloqueos puedan reactivarse en otros puntos del país si no se encuentra una solución al conflicto en el plazo establecido por los sectores movilizados.
En ese contexto, los entrevistados coincidieron en la necesidad de buscar una salida al conflicto en el menor tiempo posible para evitar que la tensión aumente y las medidas de presión vuelvan a extenderse por las carreteras.
Otro de los puntos abordados fue el alcance del estado de excepción y la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional intervenga respecto a su vigencia.
El análisis también planteó interrogantes sobre qué ocurriría si el Gobierno decide mantener el Decreto Supremo 5676 y los sectores movilizados cumplen su advertencia de retomar las medidas de presión una vez vencido el plazo de 48 horas.
La principal pregunta queda abierta: ¿se abrogará el Decreto Supremo 5676 o el conflicto por el precio del diésel volverá a las carreteras?
