Los 53 días de bloqueos y movilizaciones registrados en Bolivia fueron analizados ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que recibió el informe elaborado por la Misión de Alto Nivel que visitó el país durante la crisis.
Durante la sesión, la organización destacó la importancia de preservar el orden democrático y constitucional, además de respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
El informe también plantea fortalecer los mecanismos de diálogo y prevención de conflictos, con el objetivo de evitar que futuras medidas de presión deriven en escenarios de mayor tensión.
Uno de los puntos centrales está relacionado con el equilibrio entre el derecho a la protesta pacífica y los derechos de terceros. Entre las recomendaciones se contempla garantizar servicios esenciales, proteger infraestructura crítica y establecer corredores humanitarios y logísticos cuando una medida de presión pueda afectar el funcionamiento del Estado.
En representación del Gobierno boliviano, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, participó de manera virtual en la sesión y presentó la posición del Ejecutivo sobre los hechos ocurridos durante los 53 días de bloqueos.
Aramayo sostuvo que, desde la perspectiva del Gobierno, la crisis trascendió los reclamos sectoriales y afirmó que durante ese periodo se produjeron acciones que habrían buscado afectar el orden democrático y constitucional.
El ministro también expuso las consecuencias económicas y sociales provocadas por la paralización de carreteras y defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento.
El Gobierno afirmó además que asumirá las recomendaciones planteadas por la OEA y que buscará fortalecer la capacidad institucional para prevenir y responder a futuras crisis, dentro del marco de la Constitución y el Estado de derecho.
El informe vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo garantizar el derecho a la protesta sin que las medidas de presión terminen afectando derechos fundamentales como la libre circulación y el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y otros servicios esenciales.
