En Bolivia, la medida no implica automáticamente la suspensión de funciones de las autoridades o funcionarios afectados. Cualquier decisión sobre el ejercicio de un cargo público deberá analizarse conforme a la Constitución y las leyes bolivianas, como señaló el Gobierno respecto al caso del fiscal general Roger Mariaca.
Ante las restricciones anunciadas por Estados Unidos, la Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada para abordar la situación de los ciudadanos bolivianos alcanzados por estas medidas.
El tratamiento legislativo busca conocer los alcances de las restricciones comunicadas por Washington y analizar los antecedentes que sean remitidos por las instancias correspondientes.
El Gobierno boliviano, por su parte, solicitó información oficial a Estados Unidos para conocer los fundamentos de las medidas y determinar si existen elementos que ameriten investigaciones dentro de Bolivia.
