¿Los nueve decretos de Rodrigo Paz reactivarán la economía o solo administrarán la crisis?

POR BOLIVISIÓN

18/11/2026

El analista político Marcelo Arequipa considera que los nueve decretos emitidos por el Gobierno buscan administrar la crisis económica, aunque identifica dos medidas con impacto social.

Tras su llegada de Turquía, el presidente Rodrigo Paz emitió nueve decretos supremos. Sin embargo, para el analista político Marcelo Arequipa, estas disposiciones todavía no representan una estrategia integral para impulsar el desarrollo económico del país, sino que están orientadas principalmente a administrar la crisis.

Durante una entrevista en Aquí en Vivo, Arequipa señaló que, al revisar el contenido de las normas, considera que no se aborda el fondo de los problemas estructurales de la economía. En su criterio, Bolivia necesita avanzar también en reformas legales y constitucionales que permitan generar condiciones para el desarrollo.

No obstante, identificó dos decretos que considera importantes por su impacto social: los decretos supremos 5773 y 5774.

Decreto 5773: recursos para el abastecimiento de trigo y harina

El Decreto Supremo 5773 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a transferir hasta Bs 180 millones a la empresa pública de apoyo a la producción de alimentos (EMAPA), con recursos del Tesoro General de la Nación y de acuerdo con la disponibilidad financiera.

El dinero está destinado a la compra, acopio, transformación, distribución y comercialización de grano y harina de trigo.

Según explicó Arequipa, esta medida busca contener el incremento del precio del pan de batalla y evitar que llegue a consolidarse un costo de Bs 1 por unidad.

Sin embargo, el analista advirtió que la transferencia de recursos debe estar acompañada de mecanismos de fiscalización. Propuso controles cruzados con participación de actores privados, sociales y públicos para verificar el uso de los fondos, la distribución de los productos y los precios.

A su juicio, sin esos mecanismos podrían surgir sospechas sobre posibles hechos de corrupción.

Decreto 5774: recursos para viviendas afectadas por explosión en Viacha

El segundo decreto identificado por Arequipa es el 5774, que autoriza una transferencia excepcional de Bs 5,5 millones del Ministerio de Defensa a la Agencia Estatal de Vivienda.

Los recursos están destinados a reparar y reconstruir las viviendas afectadas por las explosiones registradas el 4 de septiembre de 2026 en el Regimiento Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Viacha.

El analista consideró que el Estado debe atender a las familias damnificadas y destacó la importancia de que el Gobierno comunique las acciones que está realizando para resolver sus necesidades.

¿Qué necesita Bolivia para reactivar su economía?

Arequipa sostuvo que las medidas de asistencia social, como el apoyo al precio de la harina y los recursos para las familias afectadas, son necesarias mientras persista la crisis económica.

Sin embargo, consideró que el país también debe impulsar cambios estructurales para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de aprovechar la salida de capitales de Paraguay para atraer inversiones hacia Bolivia. Para ello, planteó avanzar en una ley de inversiones y abrir un debate sobre una reforma de la Constitución.

También señaló que la Asamblea Legislativa debería concentrarse en discutir normas relacionadas con la inversión, la minería y los hidrocarburos, en lugar de mantener disputas internas por cargos y espacios de poder.

La ciudadanía evalúa el cumplimiento de las promesas políticas

Durante la entrevista, el analista también se refirió a la pérdida de credibilidad de algunos mandatarios de la región. En su interpretación, la población está evaluando cada vez más rápidamente si los gobernantes cumplen los compromisos que asumieron.

Arequipa sostuvo que los políticos ya no pueden limitarse a realizar promesas, porque la ciudadanía exige resultados y puede retirarles su respaldo cuando considera que no están cumpliendo.

Por ahora, el debate sobre los nueve decretos se centra en su alcance inmediato y en si estas disposiciones podrán responder a las necesidades sociales y económicas del país, mientras continúan pendientes reformas de mayor profundidad.