Las leyes 264 y 251 establecen que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el armamento, la munición y el equipamiento necesario para que los efectivos de la Policía Boliviana puedan cumplir sus funciones.
La normativa dispone que la institución policial debe contar con los recursos adecuados para desarrollar tareas de prevención, mantenimiento del orden público y atención de situaciones de riesgo.
El cumplimiento de estas disposiciones volvió a ser tema de debate en medio de cuestionamientos sobre las condiciones en las que trabajan algunos efectivos y la disponibilidad de equipamiento para el desempeño de sus labores.
La dotación de material, equipos de protección y otros recursos forma parte de las obligaciones establecidas en la legislación vigente para fortalecer la capacidad operativa de la Policía.
El tema continúa generando análisis sobre la aplicación de estas normas y la necesidad de garantizar que los efectivos cuenten con los medios necesarios para cumplir su labor.
