La investigación sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania se amplió a 31 posibles víctimas y ya comprende cuatro procesos penales por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que las investigaciones corresponden a dos casos en Santa Cruz, uno en Tarija y otro en Riberalta, Beni. Explicó que las pesquisas buscan establecer la existencia de una red de captación mediante la revisión de declaraciones, documentación y antecedentes migratorios.
Según la Fiscalía, las primeras investigaciones identificaron 16 presuntas víctimas en Santa Cruz. A ellas se suman 14 personas que habrían sido captadas en Riberalta y un caso en Tarija, aunque las autoridades aclararon que estas cifras son preliminares y deberán ser verificadas.
La Cancillería informó que algunos ciudadanos fueron contactados mediante ofertas de trabajo y promesas económicas fuera de canales oficiales, y que posteriormente habrían firmado contratos sin conocer plenamente su contenido, quedando vinculados a actividades militares.
En Santa Cruz, cuatro personas fueron procesadas por su presunta participación en la red. Tres cumplen detención preventiva, mientras que otra continúa siendo buscada por la Policía. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las investigaciones avanzan y anticipó nuevos resultados sobre las responsabilidades dentro de esta estructura.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó al Estado garantizar asistencia consular, protección e información permanente para las familias de los bolivianos presuntamente reclutados.
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