El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es un recurso que proviene de la producción de hidrocarburos en Bolivia. Se aplica sobre la extracción de gas natural y petróleo, y su recaudación depende de la actividad del sector energético.
Los recursos del IDH son distribuidos entre diferentes instituciones del Estado, entre ellas gobernaciones, municipios, universidades públicas, pueblos indígenas y el Gobierno nacional, de acuerdo con las normas vigentes.
Estos fondos son utilizados para financiar programas y proyectos en áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana y desarrollo productivo.
La distribución del IDH se convirtió en un tema de debate debido a las propuestas de modificar la asignación de recursos entre los diferentes niveles del Estado, especialmente por los pedidos de una mayor participación para regiones y gobiernos subnacionales.
El esquema actual establece porcentajes y criterios definidos por ley, tomando en cuenta factores como la población y las competencias que cumplen las instituciones beneficiarias.
