¿Es negociable el 1% de coparticipación tributaria para las gobernaciones? ¿De dónde saldrán los recursos para avanzar hacia una mayor autonomía regional? Estas fueron algunas de las preguntas abordadas por el economista Gonzalo Chávez durante una entrevista en Al Día Tu Día, en la que también analizó las proyecciones del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
Chávez cuestionó el escenario económico proyectado para la próxima gestión y consideró que el presupuesto presenta dificultades para responder a la crisis fiscal y a las demandas de los gobiernos departamentales.
Según el economista, las proyecciones contemplan un decrecimiento económico, inflación elevada y un déficit fiscal que continúa siendo un desafío. También observó que se mantenga la subvención a los combustibles y cuestionó que el modelo de distribución de recursos siga concentrado en el nivel central.
Un presupuesto bajo cuestionamiento
El proyecto del PGE 2027 fue presentado el 30 de octubre por el ministro de Economía, Christian Morales. Entre sus principales proyecciones contempla un decrecimiento económico de 1,5%, una inflación estimada de 10,7% y un déficit fiscal de 6,7%.
Para Chávez, estas cifras reflejan un panorama complejo y plantean dudas sobre la credibilidad de las previsiones económicas. En su análisis, sostuvo que el presupuesto debería ser revisado durante su tratamiento legislativo para acercarlo a las condiciones reales de la economía.
¿El 1% es suficiente para las gobernaciones?
Uno de los principales puntos de la entrevista fue la propuesta de coparticipación tributaria para los gobiernos departamentales. El economista señaló que reducir el debate autonómico a una negociación entre el 1%, el 5% o porcentajes mayores significa simplificar un proceso que requiere definir primero qué competencias serán transferidas y qué responsabilidades asumirá cada nivel de gobierno.
La propuesta del Gobierno plantea asignar el 1% de los impuestos coparticipables a las nueve gobernaciones desde 2027. De acuerdo con estimaciones oficiales difundidas por el Viceministerio de Autonomías, esta distribución representaría aproximadamente Bs 550 millones para el conjunto de los departamentos.
Sin embargo, la iniciativa generó diferencias entre las autoridades departamentales. Varios gobernadores consideran insuficiente el porcentaje y plantean avanzar hacia una distribución mayor, con propuestas que han llegado a plantear un 15% como punto de partida para fortalecer la autonomía financiera.
Chávez sostuvo que el problema no se resuelve únicamente repartiendo los ingresos existentes, sino que es necesario ampliar los recursos disponibles para financiar las competencias de las regiones.
Reforma tributaria y nuevas fuentes de ingresos
Durante la entrevista, el economista planteó la necesidad de una reforma tributaria que permita ampliar la base de contribuyentes y generar mayores ingresos para el Estado.
Entre los sectores que, según su análisis, deberían aportar más al sistema tributario mencionó a la minería, los sectores gremiales, los productores de coca, las cooperativas mineras y los grandes propietarios de tierras.
También propuso que las regiones desarrollen fuentes propias de recaudación, de acuerdo con sus características económicas y productivas. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de fortalecer los ingresos departamentales mediante tributos locales y regalías.
A su criterio, la descentralización debe contemplar tanto la transferencia de recursos como la asignación de responsabilidades y competencias. De lo contrario, las gobernaciones podrían recibir nuevas obligaciones sin contar con el financiamiento necesario para cumplirlas.
El pacto fiscal como parte de la autonomía
Chávez explicó que un proceso autonómico requiere un acuerdo integral sobre la distribución de recursos, las responsabilidades institucionales y los mecanismos de compensación entre departamentos con distintas capacidades económicas.
En ese sentido, señaló que el pacto fiscal debe considerar las diferencias entre gobernaciones y municipios, además de establecer cómo se financiarán las competencias transferidas.
El economista también cuestionó que la promesa de una distribución 50/50 se reduzca a una negociación porcentual sin una transformación más amplia del modelo fiscal.
El debate sobre la coparticipación continúa abierto. Mientras el Gobierno impulsa el proyecto del 1%, varias gobernaciones demandan una mayor participación en los ingresos nacionales. La discusión ahora apunta a definir cuánto recibirán las regiones, qué responsabilidades asumirán y de dónde provendrán los recursos para sostener una verdadera descentralización.
