El Gobierno decidió intervenir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) luego de identificar deficiencias, riesgos y vulnerabilidades en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5699, aprobado el 2 de septiembre, y tendrá una duración de hasta 180 días. El principal objetivo es evaluar el funcionamiento de la entidad y determinar las causas de las deficiencias identificadas, particularmente aquellas relacionadas con el abastecimiento interno de hidrocarburos y sus derivados.
Según el decreto, la situación actual estaría relacionada con decisiones normativas, regulatorias, administrativas y contractuales adoptadas durante anteriores gestiones de gobierno, cuyos efectos aún se mantienen.
El abastecimiento, uno de los principales problemas
La intervención ocurre en medio de los problemas que atravesó el país por el abastecimiento de combustibles y las largas filas registradas en diferentes regiones.
El Gobierno busca determinar si existieron fallas en los mecanismos de regulación, supervisión y fiscalización que debieron ser aplicados para garantizar el funcionamiento de toda la cadena hidrocarburífera.
La comisión de intervención evaluará los controles realizados sobre la producción, transporte, refinación, almacenamiento, importación, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.
También revisará los mecanismos utilizados para verificar la calidad de los combustibles que son producidos, importados, transportados, almacenados y comercializados dentro del territorio nacional.
B-SISA y los sistemas de control bajo revisión
Uno de los puntos centrales de la intervención será la revisión de los sistemas y mecanismos de control administrados o utilizados por la ANH.
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria tendrá acceso a sistemas, bases de datos, registros y expedientes físicos y digitales de la institución, con especial atención al sistema B-SISA.
El objetivo será verificar cómo funcionaron los mecanismos de control y determinar si existieron deficiencias que hayan permitido irregularidades o vulnerabilidades dentro de la cadena de comercialización de combustibles.
También investigarán posibles responsabilidades
La intervención no solo busca corregir los problemas detectados, sino también establecer si existen responsabilidades administrativas, técnicas u operativas.
La comisión podrá revisar procesos sancionatorios iniciados o concluidos por la ANH para verificar si fueron realizados de manera oportuna y si contaban con sustento técnico, regulatorio y jurídico.
Asimismo, podrá evaluar el cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos y personal administrativo, legal, técnico y operativo de la entidad.
En caso de identificar posibles responsabilidades, se podrán recomendar auditorías y elaborar informes con la documentación de respaldo y las acciones correspondientes.
Entre sus facultades también figura la posibilidad de recomendar la remoción de personal.
¿Por qué el Gobierno habla del cierre de la ANH?
La intervención se produce después de que el Gobierno anunciara su intención de cerrar la ANH y reemplazarla por otra entidad con una nueva estructura y funcionamiento.
El ministro de Hidrocarburos señaló que la intención es cambiar la forma en la que opera la institución. Sin embargo, expertos en hidrocarburos advierten que una transformación estructural no puede limitarse únicamente a un decreto.
El experto de Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, considera que el problema de la ANH va más allá de un cambio de nombre y responde a una crisis institucional acumulada durante años.
Según su análisis, la entidad enfrentaría problemas estructurales relacionados con la politización, burocratización y falta de claridad en sus competencias.
Velásquez sostiene que una reforma profunda requeriría revisar el marco legal del sector y avanzar hacia una nueva Ley de Hidrocarburos.
La ANH no puede dejar de cumplir sus funciones
Aunque el Gobierno plantea una transformación de la entidad, expertos advierten que sus funciones no pueden detenerse mientras se define una nueva estructura.
La ANH actualmente cumple tareas relacionadas con el control de combustibles, la fiscalización de los volúmenes comercializados en surtidores, el seguimiento del movimiento de carburantes y el funcionamiento de sistemas como el B-SISA.
También participa en la regulación y fiscalización de diferentes actividades de la cadena hidrocarburífera, por lo que cualquier proceso de cierre o reemplazo deberá garantizar la continuidad de estas funciones.
El Decreto Supremo 5699 aclara que la intervención no implica la supresión inmediata de la ANH ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional.
Por ahora, la comisión tendrá la tarea de realizar una evaluación integral para determinar las deficiencias existentes, establecer posibles responsabilidades y plantear medidas correctivas.
La intervención podrá extenderse hasta por 90 días adicionales si persisten las causas que la motivaron, aunque también podrá concluir antes si las condiciones identificadas son superadas.
