El Gobierno de Rodrigo Paz descartó dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676, pese a las demandas de sectores productivos y sociales que cuestionan el incremento del precio del diésel para grandes consumidores.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue tajante al ser consultado sobre una posible abrogación de la norma y respondió que no será abrogada. Según la autoridad, el decreto es necesario para enfrentar el contrabando de combustibles y reducir las distorsiones generadas por el precio subvencionado.
El diésel para grandes consumidores
El DS 5676 mantiene el precio de Bs 9,80 por litro para particulares y transportistas, pero establece un precio referencial de Bs 18 para los grandes consumidores.
El Gobierno sostiene que esta diferenciación busca evitar que el combustible subvencionado sea adquirido en grandes cantidades y posteriormente desviado al contrabando o la reventa.
Aramayo defendió la medida y señaló que mantener indefinidamente el subsidio no sería sostenible para el Estado. Afirmó además que el objetivo es evitar que recursos públicos terminen beneficiando a redes dedicadas al contrabando de combustible.
La norma todavía será reglamentada
El ministro explicó que el decreto aún debe ser reglamentado y que el Gobierno mantiene conversaciones con diferentes organizaciones para definir aspectos de su aplicación.
También señaló que existen normas complementarias que deberán ser trabajadas y modificadas como parte del proceso de reglamentación.
La posición del Ejecutivo se mantiene mientras sectores productivos continúan expresando su rechazo al decreto y advierten sobre el impacto que el mayor costo del diésel puede generar en sus actividades y, posteriormente, en los precios de productos y servicios.
Un decreto que genera presión
El DS 5676 provocó reclamos de productores y otros sectores que consideran que el precio de Bs 18 afecta directamente sus costos de operación. En algunas regiones ya se anunciaron medidas de presión para exigir la abrogación de la norma.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la solución no pasa por eliminar el decreto, sino por reglamentarlo y aplicar mecanismos que permitan garantizar el abastecimiento y combatir el contrabando.
