El ministro de Economía, Christian Morales, anunció que el Gobierno prevé iniciar en el corto plazo el cierre de entre ocho y 10 empresas públicas que actualmente se encuentran en proceso de evaluación.
Durante una entrevista con ERBOL, Morales explicó que la medida forma parte de una política destinada a reducir el gasto y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado.
El ministro señaló que entre las empresas identificadas existen algunas que, según su evaluación, fueron creadas en anteriores gestiones con “afanes políticos” o con el objetivo de generar empleos vinculados a bases políticas.
“Tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos”, sostuvo Morales.
Sin embargo, aclaró que el proceso de cierre no será uniforme, debido a que cada empresa presenta una situación particular. Entre las dificultades mencionó la existencia de activos, pasivos y obligaciones relacionadas con préstamos otorgados por el Banco Central de Bolivia, en algunos casos con el Tesoro General de la Nación como garante.
Morales indicó que el Gobierno deberá encontrar la mejor forma de resolver estas obligaciones, al tratarse de recursos públicos, y evitar futuras complicaciones legales.
Asimismo, explicó que mientras algunas empresas podrían ser cerradas con mayor rapidez, otras podrían ser “salvadas” debido a sus características y condiciones particulares. Las decisiones finales dependerán de las conclusiones de la evaluación.
Reducción de la burocracia
El ministro también informó que el Gobierno redujo en alrededor de 30% la carga burocrática correspondiente a las entidades del nivel central del Estado, incluyendo el Órgano Ejecutivo y sus entidades descentralizadas y desconcentradas.
Según Morales, este ajuste permitió generar un ahorro aproximado de Bs 2.000 millones, recursos que fueron destinados principalmente a ítems para los sectores de salud y educación.
La subvención a los combustibles
Morales también se refirió al costo de la subvención a los combustibles y señaló que actualmente representa una presión significativa para las finanzas públicas.
De acuerdo con el ministro, el Estado ejecuta alrededor de $us 200 millones mensuales para cubrir este concepto.
Recordó que en diciembre se realizó un retiro parcial de la subvención y sostuvo que esa decisión permitió estabilizar las cuentas estatales en un contexto en el que los precios internacionales de los combustibles eran diferentes.
Sin embargo, afirmó que factores externos provocaron posteriormente un incremento de los precios internacionales y volvieron a evidenciar, según su criterio, la “insostenibilidad” del actual esquema de subvención.
Ante este escenario, Morales planteó que el Gobierno deberá evaluar si mantiene los recursos destinados a la subvención o si los orienta hacia proyectos de inversión e infraestructura en áreas como salud, educación y carreteras.
