La Fiscalía General del Estado puso en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de una investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos ocurridos durante el operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en abril de 2009.
La actuación del Ministerio Público responde a una proposición acusatoria presentada por Tomasa Yarhui Jacome y otros denunciantes, según consta en el documento remitido a la instancia judicial. El proceso indaga la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad.
La comunicación al TSJ forma parte del procedimiento especial previsto para el eventual juzgamiento de exmandatarios por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes para avanzar hacia un juicio de responsabilidades, deberá remitir el requerimiento correspondiente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se necesitará la aprobación de dos tercios para autorizarlo.
Los hechos del Hotel Las Américas El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando efectivos policiales ingresaron al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El operativo terminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos, señaladas entonces por las autoridades como integrantes de una presunta organización terrorista.
En ese momento, Evo Morales ejercía la Presidencia del Estado y se encontraba de viaje en Venezuela. Posteriormente, reconoció haber ordenado el operativo. Álvaro García Linera ocupaba la Vicepresidencia y ejercía la Presidencia en ausencia de Morales.
Los hechos generaron cuestionamientos y denuncias, entre ellas acusaciones de presuntas extorsiones vinculadas al caso. Familiares de uno de los fallecidos, el ciudadano irlandés Michael Dwyer, y personas que sobrevivieron al operativo acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que identificó vulneraciones de derechos y estableció la necesidad de reparación.
Durante el Gobierno de Jeanine Áñez, el proceso fue cerrado. Ahora, la Fiscalía ha puesto en marcha una nueva actuación relacionada con estos hechos, cuyo avance dependerá de las determinaciones que correspondan dentro del procedimiento legal.
La notificación al TSJ constituye un paso dentro de este trámite y no equivale, por sí misma, a una autorización para llevar a los exmandatarios a juicio de responsabilidades.
