Un feminicidio no termina con la muerte de una mujer. Detrás quedan hijas e hijos que deben enfrentar la pérdida de su madre y, en muchos casos, la incertidumbre sobre quién los cuidará y cómo podrán continuar con sus vidas.
Las cifras reflejan la dimensión de esta realidad. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2020 y julio de 2026 se registraron 536 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por feminicidio. La cifra todavía no representa el universo total de afectados.
Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil, familiares y colectivos que trabajan por los derechos de estos menores impulsaron medidas para que el Estado reconozca sus necesidades y garantice su protección.
Entre las iniciativas estuvo la labor de la Alianza por los Hijos e Hijas Huérfanos de Feminicidio, junto con instituciones como la Fundación Voces Libres y la Comunidad de Derechos Humanos, que participaron en las gestiones para hacer efectiva la normativa.
El avance se concretó con la reglamentación de la Ley 1680, que establece un bono mensual de Bs 660 por cada beneficiario, equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente.
El beneficio está dirigido a quienes quedaron en orfandad como consecuencia de feminicidios y otros delitos contemplados en la norma. Puede alcanzar a menores de 18 años y extenderse hasta los 25 cuando continúan estudios superiores o formación técnica, además de contemplar determinadas situaciones de discapacidad.
La disposición también establece medidas de protección que van más allá del apoyo económico. Incluye acceso a servicios de salud, inscripción y continuidad educativa, prioridad para la consideración de becas y acompañamiento psicológico y social.
Para los menores de cinco años, además, se contempla un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
El desafío ahora es que la protección llegue efectivamente a cada niña, niño y adolescente que la necesita. Para ello, se prevé la identificación y el registro de los beneficiarios, así como la coordinación entre las instancias estatales responsables de su atención.
Las organizaciones y familias que impulsaron esta causa insisten en la necesidad de que los menores no queden desprotegidos después de perder a sus madres. La demanda incluye acompañamiento, seguridad, atención emocional y garantías para que puedan crecer en condiciones dignas.
Las cifras duelen porque detrás de cada número hay una historia de pérdida. Y también recuerdan que la respuesta frente a la violencia contra las mujeres debe contemplar a quienes sobreviven a ella y necesitan que el Estado los proteja.
