El futuro del estado de excepción vuelve al centro del debate nacional. El Gobierno aprobó una solicitud para ampliar la medida por otros 90 días, mientras la Asamblea Legislativa debe analizar y definir su continuidad. El Ejecutivo sostiene que la medida busca mantener las condiciones de seguridad, circulación y protección de la población.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que cualquier decisión debe enmarcarse en la Constitución y que corresponde al Legislativo tratar la solicitud de ampliación. Según explicó, el objetivo es contar con mecanismos que permitan proteger a la población frente a situaciones que puedan afectar el orden interno.
Gálvez también se refirió a la necesidad de priorizar la comunicación y el diálogo. En ese marco, sostuvo que, si estos mecanismos no permiten resolver determinadas situaciones, el Estado deberá adoptar las medidas que correspondan dentro del marco constitucional. El vocero incluso señaló que, de ser necesario ante nuevos escenarios de violencia, el Gobierno podría recurrir a otras facultades previstas por la normativa.
El debate sobre la medida coincide con una escalada de hechos violentos en Santa Cruz. En las últimas 48 horas se reportaron cinco asesinatos: cuatro en San Ignacio de Velasco y uno en la capital cruceña. La Policía y el Ministerio Público investigan los casos para establecer si existe alguna relación entre los hechos y determinar sus móviles.
Ante esta situación, el Gobierno reforzó la presencia de efectivos en San Ignacio de Velasco, con la participación de militares, fuerzas especiales y personal policial. También se anunciaron controles territoriales y operativos conjuntos para reforzar la seguridad en la zona fronteriza con Brasil.
La violencia registrada generó además preocupación entre la población y pedidos de acciones urgentes por parte de autoridades locales. El escenario vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad en regiones consideradas estratégicas.
En este contexto, el exmilitar Omar Durán analiza la situación de inseguridad y el despliegue de las fuerzas de seguridad, mientras el Gobierno sostiene que las acciones deben desarrollarse dentro del marco constitucional.
Ahora, la atención también está puesta en la Asamblea Legislativa, que deberá tratar la solicitud del Ejecutivo. De acuerdo con lo explicado por el vocero, el procedimiento contempla un plazo para que el Legislativo se pronuncie sobre la ampliación; si no existe una resolución dentro del periodo establecido, el decreto mantiene las medidas mientras se emite la determinación correspondiente.
