El conflicto entre el sistema judicial y el Gobierno suma un nuevo capítulo. Representantes del Órgano Judicial otorgaron un plazo de 20 días para que el Ejecutivo atienda una serie de demandas relacionadas con el funcionamiento de la administración de justicia. En caso de no obtener una respuesta favorable, anunciaron el inicio de un paro escalonado que podría convertirse en indefinido.
Entre las principales exigencias se encuentran la asignación de un mayor presupuesto para el Órgano Judicial, el tratamiento de los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y mejores condiciones para el desempeño de las labores judiciales.
Durante el pronunciamiento, los representantes denunciaron que, debido a las limitaciones presupuestarias, algunos funcionarios incluso han tenido que utilizar recursos propios para adquirir material de escritorio y garantizar la continuidad de su trabajo.
De concretarse la medida de presión, sería un hecho sin precedentes en Bolivia, ya que un paro escalonado impulsado por el sistema judicial no tiene antecedentes registrados en el país.
Tras el anuncio, el vocero presidencial se pronunció sobre la situación y calificó como "inaudita" la convocatoria a un paro escalonado dentro del sistema judicial. Además, afirmó que la medida constituye una amenaza reprochable y sostuvo que los problemas del sector no se resolverán mediante una paralización. Finalmente, advirtió que las consecuencias que pueda generar esta medida serán de entera responsabilidad de quienes la promuevan.
