La propuesta de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos continúa generando controversia entre el Gobierno y la dirigencia del magisterio. En entrevista con Al Día Tu Día, de Bolivisión, el ministro de Educación, Érick Sanjinés, rechazó que la iniciativa represente una privatización de la educación y explicó que el objetivo es transferir a las gobernaciones la administración de los recursos humanos de estos centros de formación.
La autoridad sostuvo que el Ministerio de Educación mantendría sus responsabilidades de regulación, definición de políticas públicas y supervisión de la calidad educativa. Según explicó, la transferencia permitiría que las gobernaciones asuman una gestión más cercana a las necesidades de cada departamento, sin que el nivel central deje de ejercer la rectoría del sistema.
Bs 640 millones para garantizar el pago a los docentes
Uno de los principales cuestionamientos a la propuesta es si las gobernaciones tendrán los recursos suficientes para sostener los institutos técnicos. Ante esta preocupación, Sanjinés aseguró que el anteproyecto contempla transferir aproximadamente Bs 640 millones del Tesoro General de la Nación (TGN).
De acuerdo con el ministro, esos recursos serían distribuidos entre las gobernaciones y transferidos de manera permanente, con una asignación anual destinada obligatoriamente al pago de los docentes y del personal de los institutos.
La autoridad afirmó que el proyecto establecería restricciones para evitar que esos fondos sean utilizados en otros gastos. También sostuvo que la descentralización no significa que el Estado se desentienda de la educación técnica superior.
El Ministerio de la Presidencia ya había informado el 4 de noviembre que la propuesta contemplaba cerca de Bs 650 millones para cubrir los recursos humanos de estos centros. La diferencia respecto a los Bs 640 millones mencionados por el ministro en la entrevista deberá precisarse en el texto definitivo del anteproyecto.
¿Se respetarán los derechos laborales de los maestros?
Durante la entrevista también se consultó sobre la situación laboral de los trabajadores de los institutos. Sanjinés indicó que, según sus datos, alrededor de 4.000 personas trabajan en estos centros y que aproximadamente el 20% estaría comprendido en el escalafón docente.
El ministro aseguró que el Gobierno no pretende modificar el escalafón y explicó que otros trabajadores se rigen por un régimen especial que también contempla el reconocimiento de la antigüedad.
Sin embargo, planteó la necesidad de recuperar una cultura de evaluación dentro del sistema educativo. Según su explicación, durante 2027 se buscaría diseñar un mecanismo para evaluar el desempeño del personal y aplicarlo desde 2028.
Sanjinés señaló que los docentes que presenten dificultades podrían recibir capacitación y acompañamiento para mejorar su desempeño. En cambio, afirmó que quienes incurran en faltas administrativas, como ausencias injustificadas o incumplimiento de horarios, podrían ser reemplazados.
La autoridad aclaró que no se trataría de cambiar a todo el personal, sino de implementar mecanismos de evaluación y seguimiento.
“La educación está pésima”: el diagnóstico del ministro
Al ser consultado sobre la calidad de la educación en Bolivia, Sanjinés respondió que la situación es “pésima” y mencionó indicadores correspondientes a 2017.
Según las cifras citadas por el ministro, de cada diez estudiantes de tercero de primaria, solamente dos podían realizar operaciones aritméticas básicas y tres comprendían lo que leían.
También sostuvo que el panorama era preocupante en secundaria, particularmente en las áreas de ciencias, tecnología, matemáticas, física y química. Afirmó que, de cada cien estudiantes, solamente tres aprobaban simultáneamente esas materias.
La autoridad atribuyó estos resultados a diferentes factores, entre ellos el desempeño docente, la centralización del sistema educativo, la sobrecarga de contenidos y los problemas que, a su criterio, presenta la aplicación de la Ley Avelino Siñani.
Estas cifras fueron mencionadas por el ministro durante la entrevista y corresponden al diagnóstico de 2017; por tanto, no deben interpretarse como una medición actual del aprendizaje de los estudiantes.
Bolivia espera nuevos resultados de las evaluaciones educativas
Sanjinés también se refirió a las pruebas del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), impulsado por la UNESCO, y explicó que el país participó en la evaluación de 2023, pero que la publicación de sus resultados quedó pendiente por obligaciones económicas que, según su versión, no fueron cubiertas por la anterior administración.
El ministro aseguró que el Gobierno realizó gestiones para completar esos pagos y anunció que esperaba contar con los resultados a finales de noviembre o durante la primera semana de diciembre de 2026.
Este estudio permitirá contar con información sobre los aprendizajes de los estudiantes y comparar su desempeño con el de otros países de la región. Además, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) informa que Bolivia se prepara para la aplicación del ERCE 2025 durante octubre y noviembre de 2026, con una muestra de 400 unidades educativas.
La evaluación contempla a estudiantes de tercero y sexto de primaria en lectura, escritura y matemática, además de ciencias para sexto de primaria.
El ministro descarta el cierre de las escuelas de formación de maestros
Otro de los temas abordados fue la preocupación por un posible cierre de las escuelas de formación de maestros. Sanjinés descartó esa posibilidad y aseguró que el Gobierno busca fortalecer estos centros.
La autoridad señaló que se realizaron gestiones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que existiría una cartera de aproximadamente 75 millones de dólares. De ese monto, entre 15 y 20 millones de dólares estarían destinados al fortalecimiento de las escuelas de formación docente.
Según el ministro, los recursos permitirían trabajar en infraestructura, equipamiento y capacitación pedagógica, además de impulsar cambios en el currículo.
Sanjinés describió las condiciones actuales de estos establecimientos como deficientes y sostuvo que el objetivo es mejorar sus condiciones de funcionamiento, no cerrarlos. Los montos y el destino de los recursos mencionados corresponden a los anuncios realizados por la autoridad y deberán concretarse mediante los instrumentos de financiamiento correspondientes.
¿Qué impacto tuvo el paro del magisterio?
En el tramo final de la entrevista, el ministro realizó una evaluación preliminar del segundo día de paro del magisterio y señaló que el impacto variaba entre departamentos.
Según los reportes que dijo tener hasta ese momento, la medida había tenido mayor repercusión en Beni y Pando. En La Paz y El Alto, aseguró que el impacto era menor, mientras que en Cochabamba y Chuquisaca estimó que aproximadamente la mitad de las unidades educativas había sido afectada.
Sanjinés aclaró que todavía no contaba con los reportes completos de la jornada y que esperaba recibir información hasta el mediodía.
La autoridad también cuestionó las amenazas que, según denunció, habrían recibido directores y maestros que decidieron continuar con las clases. Afirmó que algunos dirigentes sindicales habrían advertido con aplicar el veto sindical o la expulsión del magisterio a quienes no acataran la medida de presión.
El ministro pidió a la dirigencia buscar otras formas de protesta que no perjudiquen a los estudiantes y sostuvo que el derecho a la movilización no debería afectar el desarrollo de las actividades educativas.
El Gobierno plantea retomar el diálogo
En medio del conflicto, el Ministerio de Educación manifestó su disposición a retomar las conversaciones con la dirigencia del magisterio para analizar el anteproyecto de descentralización.
El 9 de noviembre, la cartera de Estado informó que se gestionaban interlocutores y facilitadores para garantizar la imparcialidad del proceso y procurar que las reuniones se retomen entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre.
La discusión continúa centrada en el alcance de la transferencia de competencias, las garantías presupuestarias, los derechos laborales y el futuro de los institutos técnicos y tecnológicos.
Mientras el Gobierno defiende la descentralización como una alternativa para mejorar la administración de estos centros, la dirigencia del magisterio mantiene sus cuestionamientos. El desafío será establecer acuerdos que garanticen la continuidad de las actividades educativas y eviten que los estudiantes sigan siendo los principales afectados por el conflicto.
