Una denuncia por presuntos hechos de extorsión y manejo irregular de información dentro de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dio paso a una investigación del Ministerio Público. Así lo informó el viceministro de Transparencia, Yamil García, durante una entrevista en Al Día Tu Día, en la que detalló los antecedentes de la denuncia y los mecanismos habilitados para recibir nuevos testimonios.
De acuerdo con García, la UIF debía cumplir una función técnica vinculada con el análisis financiero y la prevención de delitos económicos. Sin embargo, sostuvo que durante anteriores gestiones se habrían producido actuaciones que desviaron esa labor hacia intereses políticos y económicos.
La autoridad señaló que se identificaron 65 requerimientos de información solicitados por el Viceministerio de Transparencia que, según su reporte, no fueron respondidos por la UIF. A raíz de estos antecedentes, su despacho presentó una denuncia ante la Fiscalía, que fue admitida y dio inicio a una investigación formal.
Entre las personas denunciadas figuran exautoridades de la institución. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades, quiénes habrían participado y cuáles fueron las posibles consecuencias de las actuaciones cuestionadas.
¿Cómo habría funcionado el presunto mecanismo de extorsión?
Durante la entrevista, García explicó que se recibieron denuncias sobre posibles presiones económicas ejercidas contra personas que eran objeto de investigaciones financieras. Según la autoridad, los mecanismos denunciados habrían incluido la emisión o retención de informes, la manipulación de datos y la filtración o divulgación de información sobre investigaciones en curso.
El viceministro indicó que las presuntas actuaciones habrían involucrado a personal técnico, jurídico y operativo. No obstante, señaló que todavía no se cuenta con una estimación de los montos que supuestamente se habrían exigido.
La investigación busca identificar a las personas que habrían sido afectadas, los funcionarios que presuntamente intervinieron y los periodos en los que se habrían producido los hechos. Las denuncias deben ser contrastadas con documentación y otros elementos probatorios antes de establecer responsabilidades.
Habilitan denuncias anónimas mediante un código QR
García anunció una campaña para recibir información de comerciantes, empresarios, emprendedores y otras personas que consideren haber sido víctimas de presuntos cobros irregulares o amedrentamientos vinculados con actuaciones de la UIF.
Según explicó, el mecanismo permitirá presentar denuncias de forma anónima o con reserva de identidad. La autoridad pidió que quienes aporten información indiquen, en la medida de lo posible, qué funcionario habría intervenido y en qué periodo ocurrieron los hechos.
El objetivo, afirmó, es recopilar antecedentes que permitan ampliar las investigaciones y realizar rastreos financieros cuando corresponda, sin que la identificación pública de los denunciantes sea una condición inicial para aportar información.
Denuncias contra operadores del sistema judicial
En la entrevista también se abordó el avance de las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades dentro del sistema judicial.
García mencionó dos datos de su despacho: en el Beni, 65 denuncias presentadas por la vía disciplinaria no habrían derivado en resoluciones sancionatorias; mientras que, en Santa Cruz, 21 denuncias penales contra autoridades judiciales habrían sido cerradas, desestimadas o rechazadas por la Fiscalía.
La autoridad cuestionó estos resultados y planteó la necesidad de examinar si existen fallas en la tramitación de las denuncias o en los mecanismos de control. Sin embargo, las cifras expuestas no permiten concluir por sí solas que hubo encubrimiento ni que las personas denunciadas cometieron irregularidades. Para establecerlo, se requiere revisar los expedientes y las decisiones adoptadas en cada caso.
La investigación continúa
El caso se encuentra en etapa investigativa. La Fiscalía deberá reunir elementos que permitan determinar si existió una estructura de cobros ilegales, cómo habría operado y qué responsabilidades corresponderían a cada persona denunciada.
Mientras tanto, el Viceministerio de Transparencia busca recibir nuevos testimonios para ampliar los antecedentes. Los presuntos hechos de extorsión y las irregularidades señaladas por la autoridad todavía deben ser esclarecidos mediante el proceso correspondiente, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
