La Fiscalía emitió una resolución de aprehensión contra el exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de billetes conmemorativos del Bicentenario, según informó la Procuraduría General del Estado (PGE).
La investigación busca establecer posibles responsabilidades por un presunto daño económico al patrimonio estatal. De acuerdo con la Procuraduría, el exfuncionario será imputado por los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros.
La institución anunció que solicitará la aplicación de medidas cautelares ante la autoridad jurisdiccional y participará en las actuaciones judiciales e investigativas correspondientes.
Investigan presunto daño económico al Estado
El caso está relacionado con la impresión y comercialización de los billetes conmemorativos del Bicentenario. El 5 de octubre, el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que se había identificado un posible perjuicio económico considerable en el BCB.
En esa oportunidad, la autoridad señaló que se imprimió un millón de billetes, pero que no se había logrado vender ni tres mil, según sus declaraciones difundidas por la Procuraduría.
El Gobierno presentó el 1 de septiembre una denuncia por un presunto daño económico superior a Bs 4,5 millones relacionado con la impresión de estos billetes.
La Procuraduría anuncia acciones judiciales
Según el comunicado institucional, la PGE se apersonó al caso el 19 de septiembre y destacó que, en menos de un mes, se emitió la resolución de aprehensión y se avanzó hacia la imputación de uno de los principales sindicados.
El procurador general sostuvo que la coordinación entre las instituciones públicas es fundamental para defender los intereses del Estado y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La Procuraduría también anunció que intervendrá en las actuaciones procesales que correspondan para precautelar el patrimonio público.
¿Qué sigue en el proceso?
De acuerdo con la información proporcionada por la PGE, el imputado será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional para que se considere su situación jurídica procesal.
En esa instancia, la Procuraduría prevé solicitar medidas cautelares. La determinación sobre las medidas que correspondan será competencia de la autoridad judicial.
