Según los datos de ejecución presupuestaria del Órgano Legislativo Bs 62,3 millones destinados al pago de salarios y ninguna ley estructural sancionada en un año. Ese es el contraste que deja el balance de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que vuelve a poner en discusión el uso de los recursos públicos destinados al trabajo parlamentario.
El Estado destinó Bs 62,3 millones al pago de sueldos de diputados y senadores durante un año. El monto corresponde a los recursos empleados para cubrir las remuneraciones de los parlamentarios de ambas cámaras.
Sin embargo, durante ese mismo periodo, la Asamblea Legislativa no sancionó ninguna ley estructural. Es decir, no se aprobaron normas de alcance significativo que impliquen transformaciones importantes en el país.
La labor parlamentaria no se limita a la aprobación de leyes. Diputados y senadores también tienen entre sus atribuciones la fiscalización de los órganos del Estado y la representación de la ciudadanía. Por ello, el balance pone en discusión los resultados de estas funciones frente a los recursos públicos destinados a mantener el Legislativo.
Los Bs 62,3 millones reflejan el gasto en remuneraciones parlamentarias, mientras que la ausencia de leyes estructurales sancionadas marca uno de los principales datos del periodo evaluado.
La cifra deja una interrogante sobre el desempeño legislativo: ¿qué resultados concretos obtuvo el país durante ese año frente a los recursos destinados al pago de sus representantes?
