Tres vehículos de alta gama vinculados al caso Sebastián Marset cambiaron de manos y terminaron en el Órgano Judicial. Su recorrido, desde la administración de bienes incautados hasta su asignación a autoridades judiciales, ahora está bajo cuestionamiento.
En una entrevista exclusiva con Red Bolivisión, el director general de DIRCABI, Héctor Montes, reconstruyó cómo se habría realizado esta entrega y apuntó a un exfuncionario de la institución como responsable de autorizarla.
Según Montes, el entonces responsable distrital de DIRCABI en Santa Cruz, de apellido Mercado, habría permitido que los motorizados fueran entregados al director administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente, estos vehículos habrían sido asignados al entonces presidente de esa institución, Rómer Saucedo. Mercado actualmente se encuentra prófugo por otro proceso.
«La entrega de bienes no se hace a una persona, se hace de institución a institución y en su momento, de manera irregular, el responsable distrital de Santa Cruz de DIRCABI habría entregado al director administrativo del TSJ y luego ellos lo habrían designado al expresidente del TSJ», afirmó Montes. Una devolución que llegó después de la salida de Saucedo La historia de estos vehículos también tiene otro capítulo. Montes explicó que DIRCABI solicitó su devolución, pero inicialmente no consiguió una respuesta favorable del Poder Judicial.
De acuerdo con el director, los motorizados regresaron a la institución después de que Rómer Saucedo saliera de Bolivia. La secuencia de estos acontecimientos plantea interrogantes sobre por qué los bienes permanecieron tanto tiempo bajo administración judicial y qué ocurrió con las solicitudes de restitución. Incautados no significa confiscados Durante la entrevista, Montes también hizo una precisión sobre la situación legal de los bienes relacionados con Sebastián Marset. Explicó que algunos motorizados que estaban secuestrados pasaron recientemente a la condición de incautados.
Sin embargo, aclaró que ninguno se encuentra confiscado a favor del Estado. Ambas situaciones tienen alcances jurídicos distintos: la incautación no significa que los bienes ya sean propiedad estatal. ¿Quién puede recibir estos vehículos? Montes recordó que DIRCABI puede entregar bienes incautados a instituciones bajo determinados procedimientos. Sin embargo, remarcó que la asignación debe realizarse de institución a institución y no directamente a una persona particular.
Esta explicación vuelve a poner en discusión el procedimiento utilizado para entregar los tres vehículos al Poder Judicial y su posterior asignación. También deja bajo observación la actuación de los funcionarios que participaron en el proceso.
Las revelaciones del director de DIRCABI abren nuevas interrogantes sobre el destino de los bienes vinculados al caso Marset: quién autorizó su uso, bajo qué condiciones fueron asignados y por qué su devolución se concretó después de la salida de Saucedo.
