El debate político vuelve a centrarse en la continuidad del estado de excepción en Bolivia, cuyo periodo vigente está previsto para concluir en septiembre.
Ante este escenario, algunos parlamentarios plantean que la medida sea ampliada por otros tres meses, argumentando que todavía existen amenazas de movilizaciones, bloqueos y posibles conflictos sociales que podrían afectar la estabilidad del país.
Los legisladores también cuestionaron la situación de Evo Morales, señalando que, pese a existir una orden de aprehensión en su contra, esta no habría sido ejecutada. La Fiscalía de Santa Cruz emitió recientemente una nueva orden contra el expresidente en relación con el caso de los 53 días de bloqueo que afectaron al país.
Desde el ámbito político, algunos parlamentarios responsabilizan tanto a la Policía como al Gobierno de Rodrigo Paz por la falta de cumplimiento de la orden y consideran que la situación representa un desafío para las autoridades.
En sus declaraciones, incluso plantearon la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y mencionaron la posibilidad de que la DEA vuelva a tener presencia en Bolivia.
Otro de los pedidos planteados es la aprobación de una ley antibloqueos, con la finalidad de establecer mecanismos que permitan al Estado responder ante futuras medidas de presión que interrumpan carreteras y afecten el abastecimiento y la economía del país.
Los parlamentarios también expresaron preocupación por las condiciones en las que trabaja la Policía, asegurando que no cuenta con el equipamiento suficiente para enfrentar escenarios de conflicto y posibles hechos de violencia.
El debate se produce además después de que Bolivia avanzara en la regulación de los estados de excepción. La normativa establece que estas medidas pueden aplicarse por hasta 90 días y que una eventual ampliación requiere el aval de la Asamblea Legislativa.
En este contexto, los legisladores que respaldan la ampliación sostienen que las amenazas de nuevos bloqueos y la situación alrededor de Evo Morales justifican mantener las medidas extraordinarias.
Mientras tanto, el debate queda abierto: ¿debe ampliarse el estado de excepción o el Gobierno debería enfrentar estos conflictos utilizando las herramientas ordinarias del Estado?
